Los tres comuneros del Frente Para la Victoria de Chacarita (Comuna 15) presentaron un proyecto de expropiación del edificio en que funcionaba el colegio Jean Piaget, por el que pasaron Sergio Schoklender y Alejandro Gotkin, el ex contador de la empresa constructora Meldorek. En su momento, la escuela fue modelo de enseñanza y pionera en sus modernos métodos de aprendizaje. En octubre del 2010, en medio de problemas financieros, el Jean Piaget cambió la administración: asumió como Directora Administrativa, María Marta Capurro, hijastra de la consultora Doris Capurro.
Poco después, desembarcaría la empresa contratista de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y del Ministerio de Planificación Federal, Meldorek, cuyo socio mayoritario era Sergio Schoklender. El hijo de Sergio y de la psquiatra Viviana Sala cursaba quinto grado en la primaria del Piaget.
Tras la pelea entre Hebe de Bonafini y su ex hijo putativo, devino la investigación judicial a cargo de Norberto Oyarbide que incluyó el allanamiento del colegio. El polémico juez creía que se habían desviado materiales en las remodelaciones edilicias que se realizaron durante el verano del 2011. Finalmente, en diciembre del 2011, el Piaget cerró sus puertas y nació la Comunidad Educativa Roseti, principalmente, gracias al esfuerzo de los padres. No fue suficiente. En agosto del 2012, ese colegio también terminó cerrando sus puertas.
Actualmente, custodian el edificio dos personas, Aranda y Sabino que cobran puntualmente sus sueldos emitidos por el Presidente de la sociedad Nueva Milenio.
Uno de los padres que conformó la asociación educativa fue Roberto Erusalimsky, el empresario y psiquiatra que apareció en los principales medios del país, a comienzos de este año, cuando se difundió una escucha con Leonardo Fariña. El supuesto testaferro de Lázaro Báez, hoy detenido, le pedía asesoramiento para “lavar 90 físicos” a un tal MD que respondía a su consulta desde Suiza, país en el que Erusalimsky estaba participando de un congreso sobre psiquiatría. La hija adoptiva del médico también estudiaba en el colegio Piaget. Esa es la única coincidencia que existió con Sergio Schoklender con el que MD jamás compartió ni un café, según sus allegados.
Hace un año, una educadora que -por ahora- prefiere el anonimato, presentó un proyecto ante el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires para que, en el edificio donde funcionaba el colegio Jean Piaget, funcione otro proyecto educativo a partir de marzo del 2015. En diálogo con Perfil.com aseguró que “venía todo encaminado” pero que se sorprendió con el proyecto del FPV de expropiar ese edificio que, actualmente tiene dueños –la empresa Nuevo Milenio-. Según la especialista, el colegio abrirá sus puertas para chicos en edad infantil con capacidades diferentes.
Carlos Grisafi, comunero del FPV, no estaba al tanto de ese proyecto. Es uno de los firmantes del proyecto presentado ante la comisión de educación de la legislatura porteña para expropiar el Jean Piaget. Grisafi fue noticia, a fines del 2013, cuando fue señalado por la oposición de incentivar la toma de un comedor infantil en Chacarita. Según el comunero y ex candidato a legislador porteño, “con la expropiación se le tendrá que pagar al dueño lo que corresponda y descontar los impuestos que se le deben a la ciudad” pero “nuestro proyecto habla de abrir una escuela pública que es una falencia del gobierno de Macri ya que faltan 7000 vacantes”. Según Grisafi, con la expropiación se resolvería el problema de 450 chicos del barrio que, ante la falta de vacantes, deben asistir a un colegio privado.
Por el Jean Piaget pasaron los hijos de prestigiosos periodistas, actores y funcionarios judiciales y políticos. Sin embargo, en medio del escándalo público, fueron pocos los padres y ex alumnos que se acercaron a dar una mano. Hoy, referentes de la cultura como León Gieco, Sandra Mihanovich y Horacio Fontova apoyan la expropiación.
Según el abogado Pablo Torres Barthe, ex integrante de la asociación de padres que intentaron salvar al colegio, se trata “de otra maniobra para tapar todo”. Nuevamente, como en Ciccone Calcográfica o la Universidad Popular de las Madres, el gobierno nacional se interesa en rescatar una institución de la debacle financiera generada por la irresponsabilidad política de sus funcionarios. “Aquí hay cargas sociales impagas, docentes que nunca cobraron, familias estafadas y el gobierno justamente quiere expropiar este colegio” explica Torres Barthe. Sin embargo, afirma que tiene “sensaciones encontradas” pues “es triste pasar por la puerta del colegio donde estudio mi hija y ver sus puertas cerradas”.
(*) Especial para Perfil.com | Twitter: @luisgasulla
