El déficit total, según la casa Rosada, podría llegar a los $ 10.000 millones. Ya son cinco los distritos que preparan emisiones de bonos o solicitudes de préstamo por $ 4.200 millones y en la provincia de Buenos Aires la inestabilidad económica obligó a varios intendentes a renunciar.
La medida que les exigía a las provincias mantener sus cuentas ordenadas destapo la olla del endeudamiento. Córdoba es la que más deuda emite por un valor de $ 1.900 millones, le sigue Buenos Aires con $ 1.455 millones, Mendoza con $ 520 millones, Río Negro con $ 250 millones y Salta cierra con $ 75 millones son las primeras 5 provincias en emitir bonos, según informó La Nación.
En los casos de los intendentes que renunciaron, Jorge Rossi de Lomas de Zamora, que renunció la semana pasada, fue la punta del iceberg de la comprometida situación económica y política que sufren gran parte de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Un par de semanas antes le había tocado al jefe comunal de Balcarce, José Luis Pérez, que dijo que los opositores lo “tenían cansado” y que los números “no cierran”. Las justificaciones de Rossi y Pérez parecen copiadas y según informa Critica de la Argentina al menos una decena de alcaldes podrían también suscribir las palabras de los renunciantes.
Luego de la derrota kirchnerista en las elecciones del 28 de junio renunciaron tres intendentes: Victorio Migliaro, de Salto; Jorge Baracchia, de Trenque Lauquen, y Mario Ishii, de José C. Paz. Los dos primeros, por la derrota electoral en sus municipios; e Ishii, a pesar de haber tenido una cómoda victoria, dijo que renunciaba para “ir a buscar a los traidores a Néstor Kirchner”, algo que aún no hizo.
Alberto Descalzo, el intendente de Ituzaingó acaba de pedir licencia por un mes, pero se sospecha de que está preparando el escenario para irse. El 10 de diciembre se renueva el Concejo Deliberante y sólo tendrá 8 de las 20 bancas del Consejo. Además, afronta denuncias de corrupción.
Para evitar el reclamo de las provincias de una mayor coparticipación, el Gobierno nacional suspendió la aplicación de la Ley de responsabilidad fiscal que fue sancionada en 2004.
