El Gobierno publicó hoy el Boletín Oficial el decreto 828/2010 por el cual ratificó la presentación del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, como "parte querellante" en la causa contra los asambleístas de Gualeguaychú, con el objetivo de exigir el levantamiento del corte de la ruta 136.
La medida firmada el viernes por la presidenta Cristina Fernández había sido pedida por el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, a fin de admitir al gobierno como parte en la causa ya iniciada contra los asambleístas que cortan desde hace más de tres años el acceso al puente internacional General San Martín, en rechazo de la pastera UPM, ex Botnia.
El decreto publicado estableció ratificar "la presentación efectuada por el señor Procurador del Tesoro de la Nación como parte querellante en la causa número 57.839", caratulada "Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional comunica corte de ruta".
En los considerandos del decreto presidencial se mencionó que la causa investiga "las conductas atribuidas a un conjunto de ciudadanos, vinculadas con la ocupación indebida del paso fronterizo internacional de Gualeguaychú-Fray Bentos como protesta por la instalación de una fábrica de celulosa en la citada ciudad uruguaya". Asimismo, el gobierno recordó su criterio de que la "ocupación denunciada ha implicado la comisión de diferentes ilícitos" como "homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, actos de intimidación pública y manifestaciones que constituirían apología del delito".
A raíz del fallo de la Corte de La Haya, indicó, "las acciones ilícitas de las personas imputadas en la causa que nos ocupa, constituyen un alzamiento contra una decisión internacional", manifestó, a pesar de que el tribunal no mencionó en su fallo al piquete de la ruta 136. Esos delitos, agregó en el decreto, hacen necesario que el gobierno asuma "el rol de querellante" porque, estimó, se están vulnerando " bienes jurídicos universales de los que el Estado Nacional es custodio y responsable".
Asimismo, destacó que el origen del corte fue la construcción de dos plantas de celulosa, una de las cuales se retiró del lugar tras el inicio del conflicto, y que por ese motivo el país demandó a Uruguay ante la Corte de La Haya. El fallo de ese tribunal, agregó, "resolvió" que Uruguay "violó sus obligaciones procesales de notificar, informar y negociar de buena fe" ante un proyecto que afectaba al río binacional, pero destacó que la acción del vecino país, según la Corte, se llevó a cabo "sin vulnerar sus obligaciones sustantivas relacionadas con la contaminación ambiental". Por eso, recordó, los jueces consideraron "desproporcionado ordenar el cierre de la planta de fabricación de pasta de celulosa, disponiendo que ambos países debían monitorear en forma conjunta el funcionamiento de la misma".
Fuente:DyN
