Los cruces entre dos gobiernos de signo político distinto como el de Nación y Tierra del Fuego por el futuro del Puerto de Ushuaia están a la orden del día. Y fuentes oficiales minimizan las fake news que circularon sobre el tema en las últimas horas.
En concreto, en La Libertad Avanza (LLA) insisten en que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, gestionado por el peronismo de Gustavo Melella, por un plazo de 12 meses. La acción se generó tras detectar presuntas irregularidades en el manejo de fondos, deficiencias operativas y riesgos en la infraestructura de la terminal marítima fueguina. La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución 4/2026 ANPyN, publicada en el Boletín Oficial.
También agregan que se encaró la determinación tras una serie de inspecciones y auditorías, en las que se identificaron desvíos de recursos que debían destinarse a inversiones portuarias, junto con problemas estructurales y de seguridad que, en su conjunto, comprometían el funcionamiento de la terminal.
Entre otros puntos, se menciona “el faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, la presencia de defensas gastadas, problemas con el tablestacado, deficiencias en la carpeta asfáltica; así como serios compromisos en la gestión administrativa, financiera y de condiciones básicas de seguridad operativa. Todas fallas informadas debidamente a la provincia”.
Mientras el Gobierno comunicó la decisión, en redes sociales comenzó a circular que Javier Milei le ofreció a Donald Trump el puerto de la provincia austral como moneda de cambio para ingresar a la Junta de Paz. Una versión que en la Casa Rosada no merece ni la más mínima consideración.
La decisión de Nación desató una fuerte reacción en el distrito. El gobernador Gustavo Melella y su gabinete rechazaron la intervención y anunciaron que avanzarán por la vía judicial para frenar la medida, a la vez que mantienen gestiones con autoridades nacionales para exigir explicaciones.
En un comunicado oficial, la gestión provincial calificó la intervención como “abrupta e injustificada”, cuestionó la faltante de fundamentos objetivos en el acto administrativo y advirtió contradicciones internas en la propia resolución de la ANPyN. Para el gobierno fueguino, la medida representa un avasallamiento de la autonomía provincial garantizada por la Constitución Nacional y subraya que el puerto “crece y funciona” con actividad récord de cruceros y operaciones comerciales.
La administración de Tierra del Fuego también sostuvo que en las últimas semanas el puerto registró un récord de arribo de barcos, con más de 30 mil pasajeros y tripulantes atendidos, y que esto refleja “confianza comercial de operadores internacionales” en la operatoria de la terminal.
A pesar de la controversia, en la ANPyN defendieron la intervención. Aseguran que responde a la falta de respuestas claras a inspecciones anteriores, denuncias de vaciamiento planteadas por trabajadores y las inquietudes de las empresas navieras que operan en la zona.
