Las polémicas declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde acerca de que es "ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones" generó un abanico de reacciones de todos los sectores pero también disparó un planteo, que ya se había deslizado desde el Gobierno en el inicio de la cuarentena, sobre la conveniencia de realizar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 2021.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salió a ponerle el cuerpo a las especulaciones y confirmó hoy que "habrá PASO y elecciones el año que viene", con lo que dejó en claro que por el momento no hay voluntad de modificación, aunque todavía falta exactamente un año para una instancia de primarias.
En ese contexto, la ausencia de certezas sobre la pandemia de coronavirus sí es evaluado como una variante a tener en cuenta sobre la realización de las elecciones de medio término.
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En 2009 hubo un dilema similar, en pleno auge de la Gripe A. Por cuestiones estratégicas, el Gobierno había decidido adelantar las elecciones de octubre a junio, antes de saber que se iban a desatar las complicaciones sanitarias pero aún así no modificó la fecha fijada para el 28 de junio, en pleno invierno con pico de contagios.
Desde diciembre 2009, se encuentra vigente la ley 26.571, conocida como «Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral», que fue aprobada durante la gestión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que fue utilizada por primera vez en los comicios presidenciales de 2011 donde obtuvo su reelección.
Dicha norma fue una modificación de la Ley 22.298, denominada "Ley orgánica de partidos políticos", aprobada en 1985 durante la presidencia de Raúl Alfonsín.
De acuerdo a lo que indica la Constitución en su artículo 77, "los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las cámaras".
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Esto quiere decir en primer lugar que para modificar una ley vigente se debe aprobar una nueva ley de las mismas características y también indica que se necesita el voto de la mitad más uno de los votos del total de los integrantes de cada cámara para lograr su aprobación: 129 en el caso de la Cámara de Diputados y 37 en el Senado.
Tal como viene sucediendo en la mayoría de los temas con controversia como la reforma judicial, el Frente de Todos logra sumar cómodo los votos necesarios para una media sanción en el Senado pero en Diputados choca contra la barrera que significa no tener mayoría propia y lo obliga a trabajar en acuerdos con aliados a los que hay que convencer de manera estratégica.
La aclaración tiene que ver además con el que el presidente Alberto Fernández no podría avanzar con un iniciativa de este tipo por un decreto de necesidad y urgencia, ya que se le impide utilizarlos en cuestiones de materia penal, triburia, electoral y de modificación del régimen de partidos políticos, entre otras limitaciones.
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En enero de 2016, con el equipo de gobierno de Mauricio Macri recién llegado a la Casa Rosada, el flamante ministro del Interior Rogelio Frigerio encaró un proceso de reforma política con la eliminación de las PASO como uno de los objetivos. Durante todo ese año hubo un intenso trabajo a nivel parlamentario que se estancó en una media sanción en Diputados lograda en el mes de octubre.
En ese primer paso, hubo acuerdo para la implementación de la boleta única electrónica y la inclusión de la paridad de género en la conformación de listas, pero Cambiemos fracasó en su intento por modificar el régimen de las PASO.
Como el Gobierno no contaba con mayoría propia en el Senado y no logró los acuerdos necesarios con la oposición para garantizarse los votos, el texto nunca llegó al recinto de la Cámara Alta y fue cajoneado, esperando una nueva oportunidad en su tratamiento.
En junio de 2019, apenas dos meses antes de la fecha prevista para las primarias, el oficialismo macrista volvió a instalar la posibilidad de suspender las elecciones para definir candidatos, amparado en la inconveniencia de encarar un gasto cercano a los 4 mil millones de pesos.
"Las reglas están para cumplirlas", advirtió el ex candidato a vicepresidente Miguel Pichetto, lo que complicó la estrategia de un Gobierno que ya se veía debilitado rumbo a octubre.
Del otro lado se encontraba, entre otros, el jefe del radicalismo Alfredo Cornejo, que salió a pedir la suspensión de las PASO en aquellos distritos donde no hubiera competencia interna pero finalmente no logró imponer su postura y se llevaron a cabo los comicios tal como estaba previsto.
DMMC
