La investigación por presunto lavado de dinero y financiamiento irregular en la campaña de 2019 sacudió la carrera política de José Luis Espert. En este contexto, el legislador libertario decidió cambiar su equipo legal y designar como defensores a Santiago Kent y Alejandro Freeland, dos abogados vinculados también a la firma Suizo Argentina, investigada por presuntos sobreprecios en la venta de medicamentos al Estado.
Durante un reciente allanamiento en el domicilio de Espert, Freeland sorprendió con una frase a los medios: “Me voy afuera porque me aburro y estoy parado con el perro”, al denunciar que el juez no lo había autorizado a ingresar.
Trayectoria académica y profesional
Freeland se presenta en LinkedIn como abogado especializado en Derecho Penal, con más de 35 años de ejercicio profesional. Es profesor regular en la UBA y la Universidad Austral, y profesor visitante en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Su estudio jurídico ha intervenido en casos vinculados a fraudes empresariales, delitos tributarios y cambiarios, lavado de activos, mala praxis profesional, delitos ambientales y extradiciones.
“Es un honor trabajar para el señor Espert, que es un hombre muy honorable que fue engañado y usado por un señor que parece que se dedicaba a engañar”, declaró a Tiempo Argentino al confirmar su designación.
La carrera de Freeland no estuvo exenta de controversias. Fue abogado defensor en el caso por el asesinato de Mariano Ferreyra (2010), representando a Juan Carlos Fernández, exsecretario adjunto de la Unión Ferroviaria, condenado junto a José Pedraza. En aquel juicio, Freeland intentó justificar el accionar de la patota sindical bajo el argumento de la “legítima defensa” frente a cortes de vías. El tribunal oral terminó desestimando esa postura.
En 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, se produjo una de las represiones más fuertes frente al Congreso, en el marco de la votación de la reforma previsional. La Policía de la Ciudad avanzó con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes contra miles de manifestantes, entre ellos jubilados, trabajadores y militantes sociales. Hubo decenas de heridos y unos 60 detenidos. En ese contexto, Freeland sostuvo públicamente que los hechos debían encuadrarse como un “alzamiento en armas”, una figura penal y pidió penas de hasta 15 años de prisión.
Además de su actividad en los tribunales, Freeland desarrolló una carrera académica como profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Austral y como docente visitante en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Se especializa en derecho penal económico, con experiencia en fraudes, delitos tributarios y cambiarios, lavado de activos, delitos ambientales y extradiciones.
Con su desembarco en la defensa de Espert, Freeland vuelve a quedar ligado a un expediente en el que se cruzan política, justicia y negocios. Su paso por causas emblemáticas -como la defensa de los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra- anticipa que su actuación tampoco pasará inadvertida en la causa por lavado de dinero que hoy sacude al diputado libertario.
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