La abogada María Lorena Gagliardi, funcionaria del Gobierno desde 2004, desató una ruidosa disputa en el Consejo de la Magistratura de la Nación en el concurso para ocupar la vacante en el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial 1, donde está radicada la denuncia del Grupo Clarín por la "inconstitucionalidad" de dos artículos clave de la Ley de Medios (161 y 45, ambos trabados).
Para las cuatro vacantes del Concurso 258, Gagliardi está ternada en el 6º puesto, pero diputados opositores denunciaron penalmente a los seis consejeros alineados con la Casa Rosada por "irregularidades" que la favorecerían en la selección.
Además, en una movida inédita, que no está contemplada en el Reglamento de la Magistratura, la misma la candidata a jueza pidió apartar a un consejero que se opone a su nombramiento, Ricardo Recondo. El jueves volverá a reunise el Plenario de la Magistratura.
Vínculos K. Gagliardi es oriunda de Choele Choel (Río Negro) y tiene 39 años. La abogada propuesta por la Rosada es hija de Josué Gagliardi, elegido como diputado nacional suplente por la lista del Frente para la Victoria. Según el diario Río Negro, Gagliardi padre tendría una estrecha vinculación con el jefe de la bancada kirchnerista en el Senado, el también rionegrino Miguel Angel Pichetto.
Hoy Gagliardi es la gerenta de Administración y Operaciones del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), el ente que gestiona la infraestructura ferroviaria, los terrenos adyacentes a las estaciones y vías, edificios estatales, muchos de ellos en desuso. Durante ocho años recibió allí órdenes de Julio de Vido.
De acuerdo a un reciente informe de la Auditoría General de la Nación, el Gobierno no posee un registro completo y actualizado de todos los bienes que posee.
En el currículum que entregó como candidata a jueza al Consejo de la Magistratura asegura ser "auditora" del ONABE entre marzo de 2006 y enero de 2009. Sin embargo, en el historial de Anses ya figuraba contratada por ese organismo desde diciembre de 2004.
Por orden de la presidenta Cristina Fernandéz de Kirchner, el ONABE fue transferida el último 13 de agosto del ministerio de Planificación de Julio de Vido a la Jefatura de Gabinete. Hoy Gagliardi responde a Juan Abal Medina.
Ingresos. Galgliardi se inscribió en la AFIP el 1º de octubre de 2008 como monotributista. Figura en una de las categorías más bajas: la B, con un tope de facturación de 24.000 pesos al año, para la actividad de "locación de servicios" y "servicios de Justicia". A su vez, está matriculada en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Si bien los letrados porteños renuevan sus datos cada tres años ante el Colegio, Perfil.com se comunicó con el teléfono declarado y allí respondieron que esa letrada no tiene oficina allí ni la tuvo con ese número.
Currículum. Según el CV que aportó al Consejo de la Magistratura como aspirante a jueza, Gagliardi es Licenciada en Derecho (Universidad Nacional de Mar del Plata, 1998) y posee tres titulaciones de posgrado.
Eso sí, solo posee un artículo académico publicado, "Análisis sobre los informes de control interno de Sigen (2008)", y participó en tres congresos (2009 y 2010) y tres conferencias (2003-2007) en toda su carrera académica. Esos datos son tenidos en cuentas por los consejeros a la hora de puntuarla.
El antecedente curricular más sugestivo es que, en 2007, la postulante de la Rosada a jueza Civil publicó el texto "Control, medios de comunicación y Calidad". La editorial se llama "Colección Educar al Soberano".
A su vez, la abogada Gagliardi es profesora en dos materias de Derecho Comercial y Auditoría en la Universidad Católica de Santiago del Estero y está adherida a la Obra Social de Docentes particulares. No obstante, Gagliradi debe aportes de seguridad social y contribuciones patronales a la AFIP desde agosto de este año, según informes comerciales a los que accedió Perfil.com.
Entre 1995 y 1996 trabajó para la empresa Spell S.A. y durante un mes estuvo contratada por la Corporación Buenos Aires Sur en 2004. Sin embargo, con el kirchnerismo encontró mejores ingresos en el sector público. Desde 2004, como auditora, hasta ahora, escaló varios puestos en la ONABE.
A declarar. Antes, en 2000, la letrada estuvo vinculada a la Auditoría General de la Nación y por eso tuvo que declarar en el juicio oral por las coimas en el Senado.
La abogada debió explicar por qué el exsenador del PJ de Río Negro Remo Constanzo -acusado de recibir coimas- se contactó con ella por teléfono el día en que se habrían repartido los U$S 5.000.000 de fondos secretos de la SIDE a senadores opositores (PJ) para que aprobaron la ley de reforma laboral de Fernando De la Rúa. En estos días, se desarrolla el juicio oral por este caso.
(*) De la redacción de Perfil.com. En Twitter: @diegogueler.
