La banca de Mauricio
Uno de los funcionarios más cuestionados desde el arranque de Cambiemos fue Gustavo Arribas, elegido por Mauricio Macri para dirigir la Agencia Federal de Inteligencia. Sin experiencia previa y con investigaciones a cuestas por lavado en la compraventa de jugadores, Arribas quedó bajo sospecha de entrada. El escándalo de Odebrecht, donde apareció mencionado, lo complicó aún más. Su continuidad, sin embargo, nunca estuvo en duda. Primó su amistad con Macri (el jefe de los espías le alquila el departamento). Se trata de una intimidad construida desde los tiempos de Socma y de los negocios compartidos en Boca. Ese nivel de confianza fue decisivo para encargarle el manejo de una papa caliente como la ex SIDE.
Continuidad, pero con correctivo de la OA
Si la nominación del ex presidente de la Sociedad Rural como ministro de Agroindustria ya sonaba polémica, hubo un dato que potenció las suspicacias. Días antes de asumir, Luis Etchevehere cobró un bono de 500 mil pesos de parte de La Rural, entidad que debía controlar desde su rol de ministro. Pese a su resistencia, Etchevehere terminó devolviendo ese plus. Lo hizo tras un pronunciamiento de la Oficina Anticorrupción, conducida por Laura Alonso. Según la ex diputada, percibir el bono contradecía las normas de ética pública. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, ex CEO de Shell, atravesó una situación parecida. Tras su intransigencia inicial, cedió ante la sugerencia de Alonso y vendió sus acciones en Shell (petrolera en la que trabajó durante 38 años).
No es delito
El argumento leguleyo sirvió para defender la continuidad de varios funcionarios, especialmente los que tuvieron conexión con la administración de cuentas offshore en paraísos fiscales, el blanqueo de capitales y el atajo de tener la plata en el exterior. Desde Macri para abajo, varios dirigentes se ampararon en este punto: los ministros Nicolás Dujovne (el último salpicado por haber blanqueado antes de asumir) y Juan José Aranguren, entre otros.
Los caidos
Los únicos corridos tras un escándalo fueron los que contaban con menos espalda política: el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, y el ex titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. Díaz Gilligan pagó por haber omitido en su declaración jurada una cuenta de U$S 1,2 millones en Andorra. Y a Gómez Centurión “lo renunciaron” de la Aduana en el primer año. La intención era dar un mensaje: el oficialismo ni siquiera tolera las sospechas de corrupción sobre sus funcionarios. Si bien Gómez Centurión volvió al Gobierno, en adelante al oficialismo le costaría mantener esa vara moral tan alta. El del ex carapintada fue el primer y único despido preventivo. Desde aquel hito, se instalaría otra respuesta en automático para bancar a los propios: “Si hay algo que explicar, se hará”.
Siguen, pero teclean
Su designación como ministro de Ambiente resultó sorpresiva. No tenía formación ni experiencia. Se trató de un gesto hacia un rabino que, desde su cruzada mediática, había colaborado con el arribo de Macri a la Presidencia. Desde su asunción sobrevivió papelones menores (disfrazarse de árbol y traer dos televisores LED desde Chile) y una lluvia de críticas por haber reaccionado con parsimonia frente a incendios en la Patagonia, La Pampa y el sur bonaerense. Sin otro capital político que el de su propia imagen, no hay garantías sobre su continuidad en el puesto. Con más banca política, por pertenecer a la UCR, la situación de Oscar Aguad en Defensa es similar. Aunque existen agravantes: como ministro de Comunicación, Aguad avaló un acuerdo polémico entre el Estado y el Correo Argentino (en manos de la familia Macri). Ya en Defensa, manejó con poquísimo tacto la desaparición de un submarino con 44 tripulantes.
Respaldo ideologico
Si bien no tiene un vínculo tan cercano con Macri como el de Arribas, Patricia Bullrich es una de las ministras defendidas directamente por el Presidente. Outsider del PRO y resistida por algunos de sus compañeros de gabinete, la Piba es sostenida principalmente por lo que representa: mensaje corporativo interno, más un “cambio cultural” en el rol y la percepción social que existe sobre las fuerzas de seguridad.
Apoyo pragmatico
Tras el affaire de la asadora-interventora sindical del SOMU, Jorge Triaca quedó al borde del abismo. Sus explicaciones fueron endebles. Y nunca pudo justificar el hecho de que el gremio marítimo intervenido funcionara como una bolsa de trabajo para la tropa propia, incluida una empleada a la que tenía en negro. Macri consideró la posibilidad del despido, pero al final se impuso un siga-siga pragmático: el ministro de Trabajo tenía el diálogo aceitado con los principales dirigentes sindicales, y se encontraba a punto de arrancar (y posteriormente cerrar) negociaciones paritarias a la baja.
Offshore no es corrupcion
“Quieren instalar que las offshore son corrupción. No, señores, la corrupción son los bolsos de López, y la sociedad ya saldó esa discusión”, planteó Marcos Peña durante su exposición en el Congreso. Apuntaba a la defensa de un ministro en particular: Luis Caputo. Con esa frase calculada, Peña buscó hacer una carambola: naturalizar el recurso de las offshore (Santilli se animó a la confesión de que “todo el mundo lo hace”) y restringir la definición de corrupción, refrescando la escena cinematográfica del kirchnerista José López en el convento.
