La Cámara Federal porteña rechazó un planteo de la defensa del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray que cuestionaba la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en la causa que investiga al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
De acuerdo al fallo al que accedió DyN, la Sala II de la Cámara Federal rechazó los argumentos del ex funcionario y señaló que "desde la parte normativa el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación asegura a quien resulte particularmente ofendido por un delito de acción pública la posibilidad de impulsar el proceso".
Añadió que también "el decreto 2226/2008 del Poder Ejecutivo de la Nación confiere facultades a la UIF para asumir el rol de acusador particular en los procesos penales en los que se persigue alguno de los delitos tipificados por la Ley 25246 y a sus modificatorias (vigente al momento de su dictado) de encubrimiento y de lavado de activos".
En la causas se investiga si desde la Administración Federal de Ingresos Públicos se facilitó "desmedidamente el pago de las obligaciones impositivas y previsionales" a la empresa de Lázaro Báez, así como "los estrechos lazos que habrían acercado a los imputados de aquella causa principal con un anterior jefe de la Dirección General Impositiva, Angel Rubén Toninelli, y su hijo, quienes habrían compartido un viaje en avión con Martín Báez, en la misma fecha en que éste fue filmado por cámaras internas de seguridad en una oficina de 'SGI' cuando estaba contando una millonaria cantidad de dinero extranjero".
"No puede desconocerse que los efectos de esa protección dada desde las estructuras del poder del Estado se han prolongado más allá del cambio político de autoridades", dijo la Cámara.
"Como ejemplo, esta Sala señaló que en fecha cercana al presente se recuperó información relacionada con los hechos que le fue dada a los anteriores y más altos responsables de la Procuración del Tesoro de la Nación y a un secretario del entonces Ministerio de Economía de la Nación y que no fue aportada oportunamente a esta instrucción sino que, por el contrario, habría sido ocultada por los entonces funcionarios", advirtieron los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun.
"Todo ello confluye a dificultar claramente la identificación de quienes tomaron parte en las maniobras -en las que incluso se utilizaron personas jurídicas radicadas en varias jurisdicciones-, y de allí también a atribuirles la asignación de roles entre los autores, los partícipes y la separación de los encubridores. Más aún, en atención a la provisoriedad propia de la etapa procesal actualmente en trámite", afirmaron.
También sostuvieron que "como reiteradamente se viene sosteniendo, no deba ceñirse el entendimiento de esta instrucción como la investigación de un delito y, en tales condiciones, se justifica entonces la intervención de la Unidad de Información Financiera en calidad de parte".
