Las razones por la cuales quieren declarar la emergencia social son varias, dicen: el impacto del aumento en las tarifas, los 450 mil empleos que se perdieron y los más de 1,5 millones de personas que entraron en la pobreza en los primeros meses del año.
En una medida que parece querer marcarle la agenda al Gobierno, el peronismo en el Senado se involucra en otra batalla que, algunos pronostican, terminará como la ley antidespidos. Es decir, aprobada por las dos cámaras y vetada por el Poder Ejecutivo.
El problema de declarar la emergencia social es que tendría un costo superior a los $150 mil millones anuales para el Estado. “Es una hipocresía más del kirchnerismo. El kirchnerismo te prende fuego la casa y se queja por el olor a humo. Dejaron un país en ruinas con una situación social con alto porcentaje de pobreza e inflación y recién ahora se acuerdan de los pobres, mientras tiran los bolsos por los conventos”, dijo a PERFIL el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca. “A todos nos interesa resolver los problemas sociales, pero lo importante es cómo se financia. Si el proyecto viene con una idea de cómo financiarlo lo estudiaremos”, agregó a PERFIL el jefe de la bancada de diputados del PRO, Nicolás Massot.
La iniciativa, impulsada entre otros por el diputado Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, entrará por el Senado, donde el peronismo es mayoría. “Esto termina como la ley antidespidos”, aventuró un senador peronista en diálogo con PERFIL.
El borrador que tiene el Movimiento Evita sostiene que se otorgará el doble de dinero estatal a entidades de bien público que den la copa de leche, almuerzos y cenas a familias vulnerables. Y la creación de un sueldo adicional para todos los que estén en la economía informal que, se calcula, son 2,5 millones de personas.
El proyecto tiene seis puntos centrales: la declaración de emergencia, la creación de un comité de crisis, un registro para los trabajadores de la economía informal, la nacionalización del plan Argentina Trabaja, la creación del salario social complementario, y una asignación de emergencia para los jubilados que cobran la mínima.
