La Cámara del Crimen reenvió este jueves a la Justicia Federal una causa contra el presidente Mauricio Macri; el ex secretario de Seguridad Sergio Berni y la ex ministra del área María Teresa Rodríguez por el desalojo del barrio Papa Francisco. Se trata de una denuncia formulada en 2014 por los legisladores porteños José Cruz Campagnoli y Pablo Ferreyra, a raíz del episodio ocurrido en el precario asentamiento ubicado en el barrio porteño de Villa Lugano.
El mandatario fue denunciado por su rol de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por aquel entonces, en tanto que los funcionarios nacionales formaban parte del elenco de colaboradores de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, según consignó la agencia DyN.
La Sala Cuarta de la Cámara, con las firmas de los jueces Alberto Seijas y Carlos Alberto González, envió el expediente al juzgado federal número nueve a cargo de Luis Rodríguez, quien ya había tenido a su cargo la investigación.
“Los dos años durante los que tramitó la presente causa ante el fuero federal no llevan a modificar el criterio que guió a este tribunal en la asignación de competencia resuelta”, precisaron los camaristas porteños.
“No existe pronunciamiento alguno que haya descartado la posible responsabilidad atribuida a funcionarios nacionales” en el desalojo del predio, sostiene el fallo. El 23 de agosto de 2014, a primera hora de la mañana y por orden de la jueza en lo penal y contravencional Gabriela López Iñiguez, efectivos de la Policía Metropolitana y Gendarmería Nacional desalojaron el predio.
Según la presentación, pese a que las autoridades locales y nacionales consignaron que no se produjeron hechos de violencia, “el desalojo estuvo signado por el empleo abusivo de la fuerza”, concluyeron.
El desalojo. El 25 de febrero de 2014, cerca de 200 familias ocuparon el predio ubicado en Pola y avenida Cruz, en Villa Lugano. El hecho inició una serie de disputas entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad sobre las responsabilidades en la liberación de la toma.
Al día siguiente de la usurpación, un hombre de 32 años fue asesinado por un vecino mientras se disputaban las tierras. El fiscal penal y contravencional Carlos Fel Rolero dispuso allí el desalojo pacífico del predio. Por su parte, dos días después de la toma, la Justicia porteña ordenó la liberación inmediata del terreno lindero a la Villa 20.
Sin embargo, la medida quedó suspendida por orden del juez contravencional Gabriel Vega, quien en su resolución ordenó una nueva instancia de diálogo que permitiera resolver la situación habitacional de las cientos de personas.
En abril, vecinos de Villa Lugano denunciaron que en el predio se realizaban construcciones de material, a pesar de que todavía seguía vigente la orden de desalojo. En ese momento, el número de familias asentadas en el lugar ascendía a más de 500.
El 14 de junio, ante las reiteradas denuncias de vecinos por secuestros extorsivos, violaciones y otros delitos ejecutados en el lugar, la Gendarmería realizó un allanamiento en el predio usurpado, en el que secuestró varias armas blancas y de fuego.
Tiempo después, en medio de la denuncias por la presencia de narcotraficantes y otros delincuentes que encontraban en la toma un lugar liberado para esconderse tras sus ilícitos, delincuentes ingresaron a robar en la casa de una mujer embarazada, identificada como Sonia Angles, quien perdió a su bebé de siete meses de gestación tras recibir un disparo.
Tras la muerte del vecino durante la delimitación de tierras del predio y del bebé por nacer de la joven de 23 años, se sumó el de una joven identificada como Melina López, asesinada cuando caminaba frente al barrio Papa Francisco con su novio.
El 23 de agosto del mismo año, un operativo de la Policía Metropolitana, con apoyo de fuerzas federales, avanzó en el desalojo y en el derribo de casillas del predio.
