Los números de los juegos de azar generan cada día más polémica, sobre todo la posible falta de controles. Eso se desprende de un reciente informe de la Auditoría General de la Nación sobre las finanzas y los estados contables de Lotería Nacional, que administra las operaciones del juego en la Ciudad de Buenos Aires, incluidos el Hipódromo de Palermo y el casino flotante de Puerto Madero, de Cristóbal López.
Según el relevamiento se observa una serie de irregularidades. La más importante es la de los sistemas informáticos de captura de apuestas online, es decir, las computadoras y redes que cuentan cada peso que se recauda por lo que se juega en Loto, Prode, Lotería, Quini 6 y Loto 5.
Desde 1993 hasta 2011 el sistema nunca fue licitado y se contrató a las empresas que dan el servicio de forma directa, un mecanismo que suele abrir la posibilidad a cederles negocios a empresarios amigos.
Hasta 2003, el sistema online estuvo en manos de Ciccone Calcográfica –la empresa que luego desencadenaría el Boudougate–, Boldt SA e Ivisa SA, y a partir de ese año se sumó un nuevo jugador, Casinos de Buenos Aires, empresa vinculada a Cristóbal López, el zar del juego. Esa misma compañía, junto a Impresora Internacional de Valores, tiene el contrato para controlar la recaudación de todos los juegos de apuestas hasta 2018.
Los vínculos del empresario patagónico con Lotería se suman al hecho de que López también cedió de forma gratuita el sistema informático que controla la recaudación de todas las máquinas tragamonedas del Hipódromo y el Casino de Puerto Madero, los dos negocios más rentables de juego del país, que mueven unos $ 3.600 millones anuales.
“Cristóbal López controla los números de su propio negocio hasta 2018; es llamativo y abre dudas sobre la transparencia de los controles”, sintetiza Alejandro Nieva, auditor general de la Nación, que participó del informe.
El trabajo de la AGN se da en el marco de una causa que se abrió en la Justicia Federal, en la que se imputó a todo el directorio de Lotería Nacional luego de una investigación que realizó el programa de TV La cornisa, donde se reveló la presunta falta de controles en el negocio del juego que administra Cristóbal López, y que terminó con una denuncia penal presentada por los legisladores de la Coalición Cívica Paula Olivetto y Maximiliano Ferraro.
Entre la documentación que consta en la causa, que avanza en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, hay pruebas de que el sistema que controla la recaudación de las máquinas tragamonedas fue “un regalo” que hizo el empresario a la entidad que debería controlarlo.
Y no sólo eso: es propiedad de la empresa IGT, la misma que vende la mayoría de las máquinas del Hipódromo y de los casinos flotantes.
La Justicia Federal inició en las últimas dos semanas los peritajes en los casinos del Hipódromo y de los barcos, con expertos de la Universidad de la Plata, para ver si efectivamente los sistemas online que cuentan la recaudación pueden ser alterados. En las próximas semanas los peritos deberán emitir su dictamen técnico.
