La Cámara Federal de Mendoza le propinó un nuevo revés judicial a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ratificó su suspensión, al ratificar hoy un fallo en primera instancia contra dicha norma aprobada por el Congreso el año pasado. La Cámara dejó firme una medida cautelar surgida de una demanda del diputado nacional del Peronismo Federal, Enrique Thomas, que solicitó suspender la aplicación de la ley.
En su fallo, los camaristas Otilio Roque Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Demetrio Petra entendieron que "el recurso de apelación en tratamiento debe ser desestimado y que le asistió razón a la señora juez de grado cuando, como fundamento central de la medida de cautela dictada, concluyó que al señor diputado nacional accionante en estos autos efectivamente se le habían violado sus fueros parlamentarios y fue privado de ejercer el derecho-deber de intervención como legislador en el trámite de sanción de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisuales, lo que conlleva la violación de derechos constitucionales que la asisten como representante del pueblo”.
La acción judicial de Thomas esgrime que durante el debate y aprobación de la Ley de Medios hubo "aparecen vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional" y pone como ejemplo todas las cuestiones de privilegio presentadas por diputados opositores que fueron obviadas en el fugaz trámite de aprobación de la norma.
“El desconocimiento o apartamiento de pautas esenciales del Reglamento aludido (de la Cámara de Diputados de la Nación) permiten presumir la posibilidad de una sentencia sobre el fondo del asunto que haga lugar a la nulidad e inconstitucionalidad de esa ley atento a las consideraciones que ‘prima facie´ aparecen comprobadas con la prueba instrumental y documental arrimada por las partes y que esta Alzada ha podido compulsar en lo pertinente", detalla el fallo.
De esta forma, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza es la primera que falla en segunda instancia contra la Ley de Medios, al ratificar lo decidido el pasado 21 de diciembre, la jueza Olga Pura de Arrabal, del Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza, quien decreto una medida cautelar la suspensión de la aplicación de la ley de medios audiovisuales (ley 26.522).
