El Gobierno de Javier Milei tuvo un stop en medio de la algarabía por el fallo por YPF. Hoy la justicia local dio lugar aún planteo de la CGT y dictó una medida cautelar que pone en suspenso prácticamente todo el articulado de la reforma laboral que fue aprobada en Diputados semanas atrás.
Ahora el Gobierno a través de la Procuración del Tesoro Nacional (PTN) a cargo de Sebastián Amerio prepara la presentación que intentará revertir la medida judicial que frena una de las leyes que en la Casa Rosada consideran claves para la reactivación económica.
El equipo jurídico del Gobierno, el mismo que celebró el fallo en EE.UU. a favor del Estado argentino respecto del litigio abierto por la expropiación de YPF, ya trabaja contrarreloj para realizar la presentación. La decisión fue tomada hoy por el magistrado Raúl Horacio Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo de primera instancia N°63.
Según pudo averiguar PERFIL, la estrategia del oficialismo tendría dos pasos: por un lado ir a la Cámara Federal de Apelaciones y por el otro buscarán impugnar la competencia del juzgado laboral que tomó el expediente presentado por la CGT.
La presentación oficial la realizará el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, aunque lo hará con el patrocinio de la Procuración del Tesoro.
Se trata de más de 80 artículos que fueron declarados institucionales en una acción colectiva presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Dentro del equipo jurídico del gobierno, se encuentra también María Ibarzabal, la Secretaria Legal y Técnica de la presidencia. Ambos, tanto Amerio como Ibarzabal responde políticamente a Santiago Caputo y forman parte del ala que salió fortalecido del Gobierno tras el fallo de la petrolera argentina en Nueva York.
En la Casa Rosada siempre reconocieron que la CGT reaccionaría y que se vendría una avalancha de litigios, no solo por el articulado en si de la ley en relación a los cambios en materia laboral sino también por el traspaso del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad, lo que también fue judicializado.
"El examen general y en particular que hemos ensayado del texto que afirmamos es contrario el Orden Público Constitucional", sostiene el escrito presentado por la CGT. En esa línea agrega que "la malversación de la palabra modernización obedece a la absoluta irrazonabilidad de la ley promulgada para satisfacer los objetivos propuestos".
"Es un viaje al pasado, es una señal de reverencia a una demanda empresaria, es una señal inquietante para nuestra sociedad", remata el texto presentado por la Central Obrera.
