Cuando Daniel Scioli eligió a Alberto Samid para ser el vicepresidente en el Mercado Central, no tuvo en cuenta el estatuto de la corporación.
Es que, según el reglamento, el matarife nunca podría haber asumido como vicepresidente ya que no cumple con los requisitos necesarios para ser parte del Directorio. Con la apertura de supermercados privados con una cooperativa propia, las incompatibilidades aumentaron.
El estatuto, en el artículo 4, marca detalladamente quienes “No pueden ser miembro del Directorio”.
Entre ellos, está el inciso D, que señala que no pueden asumir un cargo tan alto: “Los directores o gerentes o aquellos que tengan intereses en empresas privadas o que particularmente desarrollen actividades contrarias o en competencia con las que desarrolla la Corporación”.
Según denunció a Perfil.com, el diputado Juan Carlos Juárez, Samid, al momento de asumir, tenía negocio con el Mercado a través de la cadena de carnicerías “La Lonja”. A eso se suma que abrió supermercados privados en nombre de la Corporación, por lo que también esta actividad es incompatible con su función pública.
“Scioli debe desafectarlo inmediatamente del cargo”, dijo Juárez en diálogo con este portal y responsabilizó al gobernador, ya que fue él quien lo nombró.
“El gobernador lo designó, por lo que ahora debe sacarlo. Pero también debe dar explicaciones el Mercado Central, ya que fueron ellos quienes aceptaron esa asunción”
Luego, en el artículo 6 señala que "son deberes y facultades del Directorio":
f) Fijar las tarifas, tasas, arrendamientos, cánones y derechos de concesión, depósitos de garantías y toda retribución o contribución que determine la Corporación.
g) Fijar el régimen de sanciones administrativas a aplicar a los personas físicas o ideales que contravengan las disposiciones dictadas en cumplimiento de los fines de la Corporación.
h) Aplicar las multas y sanciones que se establecen en el régimen de sanciones a que se refiere el inciso precedente.
Ante estas evidencias, Juárez sentenció: “Samid se autocontrola”.
Le piden papeles. En las últimas semanas fueron varios los municipios que comenzaron a ponerle reparos a Samid tras conocerse la noticia de las irregularidades en Bragado y Cañuelas.
Así sucedió en Junín, donde, según había dicho el matarife a mediados de julio, “si el Intendente Mario Meoni lo habilita yo en 15 días estoy abriendo". Pero ahora desde el municipio le piden tener todo en regla.
Lo mismo sucedió en Olavarria. A fines de mayo, el vice marcó la cancha: "el Gobernador (Scioli) quiere que abramos en Olavarría porque es una ciudad muy cara, que se cobra dos veces más lo que vale la mercadería", dijo en FM 98POP. Ahora, el proyecto frenó.
(*) De la redacción de Perfil.com.
