La flamante Ley de Medios, aprobada por el Senado el 10 de octubre, será objetada ante la Corte Suprema de Justicia por la provincia de San Luis, según informó ayer en conferencia de prensa su gobernador, Alberto Rodríguez Saá. El puntano manifestó que la Ley es inconstitucional porque lesiona las libertades de las provincias.
Amparándose en el artículo 32 de la Constitución Nacional, que indica que "el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”, Rodríguez Saá sostuvo: "Queremos una ley que sea un canto a la libertad de expresión y no una ley cuyo foco sea el control de los contenidos".
Acompañado por el ex ministro de la Corte Rodolfo Barra y el Fiscal de Estado provincial Eduardo Allende, el gobernador puntano manifestó sentir "orgullo" al presentar esta acción contra la "Ley de Medios K", como rotuló a la norma, y señaló que la producción propia del canal estatal de San Luis, Canal 13, "en gran medida lo establecido" por la Ley, entonces le parece injusto que se la legislación controle los contenidos.
El Alberto también citó el caso de la radio indígena de Ranquel. "El caso del Pueblo Ranquel que este momento tiene una radio y en la radio por supuesto no hay concurso nacional para cubrir el espacio en el medio ranquel. A la Nación no se le ocurre eso y a nadie se le ocurriría. Entonces es muy injusto esto de tener un órgano de control pisándole la cabeza a quien quiera expresarse libremente a través de una radio”, detalló.
La norma, publicada en tiempo récord y en una edición especial del Boletín Oficial, ya tuvo serias objeciones de otros sectores de la oposición. El radicalismo irá a la Justicia a pedir la nulidad de la Ley por el "fe de erratas" mediante el cual se justificaron cambios en los artículos 95 y 124. Por su parte el PRO pidió judicialmente que la norma no se aplique hasta el recambio en el Congreso, el próximo 10 de diciembre.
Así las cosas, la demanda que presentará hoy San Luis, explica que la Ley es "violatoria del patrimonio y la jurisdicción y/o competencia provincial en materia de medios de comunicación, invadiendo un ámbito expresamente vedado al Gobierno Federal por la Constitución Nacional” y "supone un agravio a la jurisdicción provincial como también la autorización legal para que el poder político pueda ejecutar actos lesivos a esa jurisdicción y a la libertad de información".
El reclamo radical. El presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales también pidió a la Justicia que suspenda la aplicación de la Ley de Medios Audivisuales y declare "la inconstitucionalidad" de la fe de erratas en la promulgación de dicha norma. "Se ha violado la Constitución Nacional y la Justicia debe determinar los responsables", proclamó el recurso que hoy presentó el senador ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, informó la agencia DyN.
