La jueza Marta Cirulli debe decidir en los próximos días si ordena la intervención de Correo Argentino SA, la empresa de la familia del ex presidente Mauricio Macri. Así lo informaron fuentes del caso a PERFIL.
El martes último, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, solicitó a la Justicia la intervención de la compañía de los Macri, de acuerdo con el escrito que consta en la causa.
Zannini basó su pedido en un dictamen anterior de la fiscal general Gabriela Boquin, quien había solicitado el jueves 6 de febrero que se designe a un interventor judicial por sorteo y que se disponga el “desplazamiento total del órgano de administración hasta que concluya el procedimiento de salvataje” que está pendiente en la Justicia, según la causa.
Hasta el momento, la Cámara Comercial solo accedió a designar un coadministrador en la compañía pero no apartó a los administradores que responden a la familia del ex mandatario. Una intervención judicial quitaría a los accionistas la posibilidad de controlar la administración de la sociedad anónima.
En los últimos días, el coadministrador de la firma presentó en el expediente un documento datado el 18 de diciembre en el que Sideco, principal empresa del Grupo Macri, sostiene que Correo tiene una deuda con la propia Sideco de $ 58,9 millones por supuestos préstamos. Sideco está siendo investigada por el presunto vaciamiento de Correo.
En ese escrito, el Grupo Macri sostiene que no le exigirá a su propia empresa que devuelva esos $ 58,9 millones hasta que termine de pagar al resto de sus acreedores, entre ellos, el Estado. Pero planteó una excepción: que Correo pase a manos de otros accionistas. Entonces reclamará los fondos.
A fines de 2019, los funcionarios de Macri decidieron no aceptar la última propuesta de la compañía para saldar su deuda. Como consecuencia, la Cámara Comercial ordenó abrir el proceso de salvataje de Correo Argentino o cramdown. Correo solicitó ir a la Corte para frenarlo.
El salvataje implica que un tercero se haga cargo de la deuda a cambio de quedarse con sus activos. Correo necesita que todos sus acreedores (unos 470) den su conformidad. Muchos de esos acreedores cedieron sus poderes a estudios de abogados que defienden a Correo, lo que sería “fraudulento”, de acuerdo con la fiscalía, y podría derivar en que los responsables de la empresa sean acusados de presunto “fraude a sus acreedores”.
La decisión de Zannini dio un giro de 180 grados en la postura del Ejecutivo con respecto al gobierno de Macri, que dilató durante casi tres años una resolución del caso. Como jefe de los abogados del Estado, es quien encabeza la estrategia del Ejecutivo para cobrar la deuda de Correo.
El caso. Correo Argentino está en concurso de acreedores desde hace 18 años. La alternativa al salvataje sería la quiebra, un escenario más riesgoso para la ex familia presidencial porque podría implicar la extensión de la quiebra a Socma y Sideco, accionistas de Correo durante las últimas décadas. El abogado de Correo viene sosteniendo ante las consultas de este medio que la compañía quiere llegar a un acuerdo lo antes posible.
En junio de 2016, los funcionarios de Macri habían acordado una quita del 98,87% a la deuda. El Estado dejaría de percibir más de $ 4.656 millones en intereses, a febrero de 2017, de acuerdo con el cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Ese año, la fiscal Boquin se opuso al acuerdo y Macri debió dar marcha atrás.
