La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pondrá primera con la reforma de la Policía Bonaerense que supone bajar la cantidad de comisarios generales de 44 a 26, suprimir cinco superintendencias regionales, reformular el área de Asuntos Internos y el desembolso de $ 6 mil millones en equipamiento.
Según adelantaron a PERFIL fuentes de la gobernación, el lunes el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, firmará la resolución que establecerá el nuevo marco jurídico en el que deberá moverse la Bonaerense. El proyecto se concreta en medio del malestar de un sector de la fuerza por la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas para comisarios y subcomisarios (unos 7.800 agentes) y el regreso de las juntas de calificaciones, que serán clave para los futuros ascensos.
La reforma es una de las más osadas jugadas políticas de Vidal, quien hace tres meses logró el consenso del peronismo no kirchnerista y otras fuerzas para sancionar la ley de la emergencia en seguridad.
La reestructuración de la Bonaerense, anticipada por PERFIL, prevé la disminución del organigrama –se suprimen cinco superintendencias regionales–, así como pasar a disponibilidad a otros nueve comisarios generales (ya habían sido desplazados nueve hace dos meses).
El rediseño de Asuntos Internos es uno de los puntos centrales de los cambios que encaró Ritondo. Por allí pasarán las DDJJ para ser analizadas y, de no tener justificación, se iniciarán sumarios y se ascenderá a otros agentes. Hoy hay unos 70 mil policías en actividad y unos 20 mil administrativos.
En este marco se prevé la revisión de las “carpetas médicas”, que suman unas ocho mil. Están verificando unas dos mil para ver si las licencias están justificadas. Tendrán un año con goce de sueldo. Si siguen de licencia, el segundo año recibirá un 50% del sueldo. Luego serán exonerados de la fuerza si no presentan avales concretos de su ausencia. La excepción son los heridos en ejercicio de sus funciones.
El proyecto contempla también un reimpulso del área de Inteligencia Criminal.
En el Ministerio de Seguridad también prometen invertir unos $ 6 mil millones. La mitad irá para los municipios y sus policías locales (ver recuadro). Entre otras cuestiones, se comprará un nuevo sistema de comunicaciones. Hoy cualquier amateur puede interferir en las comunicaciones de la policía bonaerense. También se comprarán lanchas.
Actualmente no hay un sistema de seguridad en islas y en la zona costera. Había dos lanchas. Una se hundió y la otra no funciona. Si un vecino de Tigre tiene un problema, la Bonaerense debe llamar a Prefectura.
La seguridad vial será otro eje. Habrá scanners de patentes por las rutas. Para Semana Santa se prevé que estén instalados en los ingresos de Mar del Plata y los principales destinos de la Costa Atlántica.
Otro punto es la capacitación (ver aparte). Se circunscribirá a sólo tres sedes en lugar de las 22 actuales. Se pasará de seis a nueve meses la capacitación, lo que obligará a unos 3.500 agentes a regresar a la escuela. La idea, barajan en Seguridad, es que con la nueva currícula, basada en la que hoy tiene la Policía Metropolitana, egresen unos 1.500 policías por año.
Disminución de escuelas
La reforma incluirá la disminución cuantitativa de la cantidad de centros de formación: de los 22 actuales pasarán a ser tres grandes sedes, la Escuela Vucetich central y otras dos subsedes.
Además, se prevé que la currícula cambie: para egresar, un agente deberá tener nueve, y no seis, meses de formación. Además, tendrá clases de tiro y una formación similar a la de la Policía Metropolitana. En la gobernación aseguran que el 97% de los aspirantes pasó el curso. Es decir, todos. No había controles exhaustivos. Un aspirante rechazado en la policía correntina podía ingresar a la Bonaerense. Ingresó incluso la mismísima sobrina de uno de los prófugos del Triple Crimen, Víctor Squillach. Es agente en Quilmes
