En otra jugada política, el juez federal Norberto Oyarbide sacó de la manga la carta que guardaba desde el 19 de diciembre en pos de proteger su futuro y demostró que si él pierde, está dispuesto a llevarse consigo a uno de los funcionario más cercanos a la Presidenta. Lo que le preocupa a Oyarbide es la causa que investiga su par Luis Rodríguez, en la que se indaga sobre un supuesto pedido de coima que hizo en su nombre un jefe de la brigada de la Policía Federal que siempre trabajó con el juez.
El viernes 7, Oyarbide estaba nervioso, inquieto. El día anterior había insistido una decena de veces para que uno de los denunciantes del supuesto pedido de coima en nombre de “Su Señoría” se presentara en su despacho del tercer piso de los tribunales de Retiro.
Uno de los denunciantes se presentó en su despacho. El juez le mostró un escrito en el que la Cámara Federal -sus superiores en la Justicia- le pedía que explicara por escrito cuáles habían sido las irregularidades durante el allanamiento.
Oyarbide pidió que los denunciantes apoyen su versión y que declaren ante el juez Rodríguez que Carlos Liuzzi, número dos del secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, lo había llamado al juez para pedir por el dueño de la financiera Propyme durante el allanamiento en el que la policía pidió la supuesta coima. Luego los denunciantes debían pedir copia de su testimonio y entregársela a Oyarbide para que el juez lo presentara lo antes posible ante la Cámara Federal. “No nos consta eso”, le aclaró uno de los denunciantes. “Nosotros llamamos a mucha gente, pero no sabemos quién lo llamó a usted”. Quedaron en consultar a Liuzzi para saber su opinión.
El número dos de Zannini se encontraba en los Estados Unidos, pero atendió el llamado. “Ni en pedo”, les contestó cuando le trasmitieron el pedido de Oyarbide. El magistrado recibió la negativa entre el viernes y el lunes. El martes, presentó su versión de los hechos ante la Cámara.
El juez debía relatar los hechos, confirmaron fuentes de la Cámara. Sin embargo, envió una escueta respuesta, sin responder la inquietud de sus superiores, según confirmaron fuentes judiciales. Se limitó a revelar que el número dos de Zannini lo había llamado el 19 de diciembre para decirle que en uno de los allanamientos que él había ordenado estaban pidiendo una coima millonaria.
Ese día, una brigada de la Policía Federal, la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (Difoc), estaba realizando 22 allanamientos por orden del juez en el marco de una causa de supuesto lavado de dinero que, como reveló este diario hace dos meses, está plagada de irregularidades que comprometen al magistrado y a su mano derecha, Carlos Leiva.
