A dos años de las protestas salariales que protagonizaron efectivos de Prefectura Naval, Gendarmería y miembros de las Fuerzas Armadas, la Inspección General de Justicia reconoció legalmente a la asociación Octubre 3. Se trata de “el primer paso para la constitución de un gremio que agrupe al personal militar en actividad y en situación de retiro”, según explicaron sus representantes en diálogo con PERFIL.
La reacción en el Ministerio de Defensa fue inmediata y ya mantuvieron un acercamiento con los integrantes de la nueva entidad con el objetivo de acercar posiciones.
La presentación pública de la Comisión Directiva de la Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas OCT3 se realizó el pasado 3 de octubre en el Hotel Bauen. La asociación se creó ante “la falta de respuestas institucionales”, argumentaron durante el lanzamiento.
Desde Octubre 3 reconocieron que el próximo paso será “ir por la organización de un gremio”. Aunque en un principio se los vinculó con el líder de la CGT opositora, Hugo Moyano, desde la asociación lo desmintieron. “Tenemos afinidad y participación con la CTA Autónoma, de Pablo Micheli”, aclararon.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, designó al jefe de Gabinete de esa cartera, su primo Sergio Rossi, para que atienda los reclamos de la nueva asociación. “Estuvimos con el primo del ministro reunidos durante casi dos horas y le explicamos las buenas intenciones de nuestra asociación. Quedamos en seguir teniendo futuras reuniones para aportar propuestas”, dijo a PERFIL Daniel Altamirano, un suboficial primero de la Armada que sigue en actividad y que preside la flamante asociación.
Durante la presentación, de la que participaron agrupaciones de policías, gendarmes, prefectos, personal de la Fuerza Aérea y de la Armada, explicaron que “el objetivo es agrupar al personal militar del cuadro de suboficiales en actividad y en situación de retiro, sus grupos familiares y personas a cargo, pensionados y veteranos de Guerra de Malvinas de las Fuerzas Armadas”, aclararon y aseguraron que buscan defender y proteger los derechos de empleados del Estado y trabajadores militares.
