La agrupación Será Justicia hizo este lunes una presentación ante diversos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, en el que describe lo que consideran un “grave debilitamiento institucional” por un supuesto "plan de impunidad" que tendría el Gobierno, sobre todo bajo la directiva de Cristina Kirchner. Con esa información, solicitan que las entidades evalúen frenar las negociaciones existentes con el país ya que “la reestructuración de la deuda no puede focalizarse solo en metas macroeconómicas dejando de lado los compromisos de respeto a la institucionalidad, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción”.
En concreto, los referentes de Será Justicia lo que buscan es que tanto el FMI, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), antes de hacerle un préstamo a la Argentina apliquen las cláusulas de sus estatutos que establecen que también deben velar por cuestiones institucionales como la independencia de poderes. Es decir que, por ejemplo, el board del FMI no debería mirar solamente las cuestiones macroeconómicas a la hora de negociar con los funcionarios argentinos, en donde está claro que exigen un ajuste en las cuentas públicas, sino también enfocarse en el tema corrupción.
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“Con el aval expreso o implícito del gobierno argentino, el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner (en adelante llamado “kirchnerismo”), acelera la ejecución de un plan para apoderarse del Poder Judicial y de los organismos de control institucionales de la República Argentina”, sostiene el texto al que accedió PERFIL. Y argumenta que la finalidad del plan es “lograr la impunidad en las diversas causas que la involucran junto con miembros de su familia y varios de sus allegados”.
Desde la agrupación no dudan en tildar al kirchnerismo como un “régimen populista y corrupto” que “aborrece la república, la división de poderes y a los organismos de contralor”. Y lo acusan de instrumentar "las condiciones para que los corruptos no sean juzgados".
El supuesto “plan de impunidad” lo dividen en seis partes y está en sintonía con lo que presentaron los diputados de la Coalición Cívica de Elisa Carrió en su pedido de juicio político contra la vicepresidenta. Según pudo saber PERFIL, la ex diputada está al tanto de la presentación de Será Justicia. Los seis ejes del plan serían:
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Desplazar a los jueces que tuvieron o tienen intervención en las investigaciones de corrupción.
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Desplazar al actual Procurador General de la Nación Interino, Eduardo Casal, mediante “absurdas imputaciones tendientes a justificar un juicio político y planificar la cooptación política del organismo para afectar a los fiscales que actúan en casos presentes y futuros”.
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Modificar la composición del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público para tener “la mayoría que permita disciplinar a los fiscales”.
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“Neutralizar a los organismos de control, investigación u otros, y colocar funcionarios afines, inclusive involucrados en los procesos en trámite”.
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Promover una reforma judicial que solo “apunta a crear cargos innecesarios bajo el manto aparente y falso de dotar al fuero federal de mayor independencia y para instalar la idea de hacer modificaciones a la Corte Suprema de Justicia para asegurarse una composición afín y resultados en las resoluciones finales en las que deba intervenir”.
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Llevar a cabo otras acciones de relevancia, tendientes a “robustecer engranajes del Plan”, incluyendo una serie de “acciones de represalia y venganza orientadas a desacreditar a quienes los denunciaron, investigaron y acusaron penalmente”.
En el escrito de 70 páginas, los abogados de Será Justicia ponen la mira en las causas judiciales que enfrentan tanto Cristina Kirchner (enumeran Los Sauces, Hotesur, Ruta del Dinero K, Cuadernos y Vialidad) como a sus secretarios Daniel Muñoz y Fabián Gutiérrez, y también los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Amado Boudou. También describen la causa del Grupo Indalo (donde aparecen Cristóbal López, Fabián De Souza y Ricardo Echegaray) y la del Pacto de Entendimiento con Irán.
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Y no dudan en ponerle una cifra al impacto económico: 6.300 millones de dólares (un 14% de la deuda del país con el FMI). Lo calculan tomando como referencia los montos de embargos que fijó la Justicia en los casos de corrupción que detallan. Aclaran, de todas formas, que esos montos “no siempre se relacionan con el verdadero impacto macroeconómico que provocan los casos de corrupción”. Y citan también un trabajo de investigadores del Conicet donde se estiman los daños de la corrupción en los 36 mil millones de dólares.
El impacto económico de la corrupción es uno de los ejes principales de la presentación. “En vistas de la magnitud del daño institucional pergeñado, sus costos no pueden dejar de ser considerados al evaluar la performance del país más allá de los efectos directos de las políticas monetarias y fiscales", aseveran desde Será Justicia. Y sostienen que todos los hechos que describen “justifican la intervención de organismos internacionales y el condicionamiento de cualquier tipo de financiamiento internacional, a que se corrija el rumbo estipulado por el gobierno en materia institucional, se deje sin efecto el desmantelamiento institucional, y se implementen acciones tendientes a fortalecer los controles y contrapesos de la república, la transparencia y la lucha contra la corrupción y el lavado de activos”.
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Según pudo saber PERFIL, hubo sectores de la oposición, específicamente de Juntos por el Cambio, que estuvieron al tanto del armado de esta extensa presentación pero que decidieron no acompañarla formalmente por cuestiones políticas. En concreto, el temor es que se interprete públicamente como una postura contraria a los intereses del país, sobre todo cuando el aspecto financiero es tan acuciante.
Será Justicia es una agrupación que nuclea a un grupo de abogados que suele competir en las elecciones internas tanto del Colegio de Abogados de la Ciudad como del Colegio Público de Abogados. Al presentarse en sus redes sociales aseguran que buscan “asumir su rol en la sociedad, velando siempre por el respeto a las instituciones y la democracia”. Su presidente es Raúl Daniel Aguirre Saravia y la vice, María Eugenia Talerico, quien fuera la número dos de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Cambiemos. Ellos dos son quienes firman el escrito.
GZ/MC
