Los amparos contra la reforma judicial impulsada por el Gobierno podrían tener una aliada clave en la jueza federal María Servini de Cubría, con competencia electoral.
La Corte Suprema, máximo tribunal del país, sigue de cerca el futuro de la norma que impulsa la elección popular de magistrados, abogados y académicos para asumir como consejeros en la Magistratura –el órgano que elige y controla a los jueces–, y teme que al ampliarse la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura de 13 a 19, el oficialismo, con una mayoría simple, tendrá la última palabra en cada decisión que tome el órgano. Voceros de la Asociación de Magistrados adelantaron a PERFIL que tienen una estrategia legal para impedir la puesta en vigencia de la norma.
En tanto técnicos que trabajan en la defensiva aseguraron que harán un doble frente judicial y atacarán por presunta inconstitucionalidad tanto en el fuero Contencioso Administrativo como en el fuero Electoral, que le compete a Servini y al fiscal federal Jorge Di Lello.
Quienes representan a los jueces colocaron sus esperanzas en la jueza. “La avalan sus batallas, será la única capaz de frenar esta norma inconstitucional”, opinó uno de los abogados. En marzo, con aval de la Corte Suprema y del presidente del Consejo de la Magistratura, el juez laboral Mario Fera, Servini torció la voluntad del kirchnerismo y logró imponer a su hijo, abogado e ingeniero, Juan Carlos Cubría, como secretario de la Comisión de Administración Financiera. El oponente era Juan Massolo, un joven economista propuesto por el viceministro de Economía, Axel Kicillof.
Servini tiene también llegada directa al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, con quien ya se habría reunido varias veces en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde ambos comparten sus despachos.
Con el avance de la reforma judicial, Servini mantiene al tanto de cada detalle electoral al presidente de la Corte y transmite la preocupación y la inquietud de los jueces electorales. Incluso le habría hecho llegar el pedido de colaboración financiera de los jueces del fuero Electoral para garantizar “transparencia” en las próximas elecciones.
A la Corte no le preocuparía la norma que limita las medidas cautelares –otra de las leyes de la reforma– porque la mayoría de los ministros considera que cualquier juez puede extenderlas más allá de los seis meses que prevé la nueva ley, por excepciones basadas en puro derecho. Respecto de la creación de las Cámaras de Casación, si bien en su mayoría los ministros consideran que sería una medida constitucional, les preocupa la dilación de causas con una cuarta instancia para el fuero Previsional y Social, en el que los jubilados verán cada vez más difícil lograr sentencia definitiva en la equiparación de haberes reclamados.
