Romina Picolotti, ex secretaria de Medio Ambiente, está acusada de malversación de fondos. Vuelos privados, cursos fuera del país y contratos con familiares y amigos, son algunas de las irregularidades de su gestión que fueron detectadas a raíz de la investigación de la jueza María Romilda Servini de Cubría.
Servini de Cubría decidió procesar a Picolotti el 18 de julio de este año por lo que le emitió un embargo de 450.000 pesos. Después de una investigación exhaustiva que se inició en 2007 a raíz de tres denuncias en contra de la ex secretaria, una de las cuales fue por “despilfarro” de fondos que había en la Secretaría de Medio Ambiente, la magistrada detectó una serie de gastos injustificados.
No se trata del único procesamiento de trascendencia mediática que ha realizado Servini de Cubría en los últimos días. Fue la encargada del procesamiento del ex titular de la Sedronar, José Ramón Granero, por el tráfico de efedrina en Argentina; la que autorizó un allanamiento en la AFA por presuntas irregularidades en el presupuesto de Fútbol para Todos; además del hallazgo del martes del nieto de Estela de Carlotto, apropiado durante la dictadura militar.
Según las pesquías de Servini de Cubría, Picolotti habría usado fondos pertenecientes al presupuesto de la Secretaría para cubrir gastos personales de forma injustificada entre julio de 2006 y diciembre de 2008. Así, destinó dinero que el Ministerio de Economía giraba a la Fundación ArgenINTA, un satélite del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) manejada con el presupuesto de la Secretaría para subvencionar viajes de su entorno familiar y trabajadores a su cargo.
Cuando se indagó Picolotti en marzo de 2011 negó haber cometido ninguna irregularidad y justificó los viajes con distintos motivos. En el procesamiento al que tuvo acceso Infobae demuestra que Servini de Cubría dijo que los viajes por supuesto "desarraigo" no estaban justificados y que los mismos dan cuenta de un "desmanejo" de fondos públicos.
En cuanto a los gastos, Picolotti había indicado motivos "funcionales" por lo que se deberían considerar como justificados. Durante la revisión de los comprobantes de gastos, la jueza informó que todos los días hábiles desde diciembre de 2006 a junio de 2007 "fueron abonados gastos de comida", y que en fines de semana o feriados se organizaron "supuestos almuerzos o cenas de trabajo".
Para corroborar si realmente se trataban de gastos “funcionales” la magistrada revisó la agenda pública de la entonces secretaria por lo que llegó a la conclusión que "no surgen reuniones o encuentros que lo justifiquen". En el fallo, Servini de Cubría sobreseyó a dos ex funcionarios más de la Secretaría, Patricia Báez Rocha y Esteban Sáenz Rico.
