“Cuando tenés posibilidades de ganar, la plata aparece de todos lados”, cuenta un dirigente que este año competirá por una de las intendencias del conurbano bonaerense. La campaña electoral comienza formalmente el 12 de julio, pero los gastos para llegar al poder comienzan mucho antes. La falta de legislación en la provincia de Buenos Aires permite que en las contiendas por la gobernación, legisladores provinciales, intendentes y concejales se reciban y utilicen fondos de los que no se conoce su origen.
Diez días atrás este candidato a intendente tuvo una reunión con la empresa que recolecta la basura en el distrito. “Ven que puedo ganar y no quiere perder la concesión”, admite. Ese dinero será parte de otras donaciones que tendrán como destino final la apertura de locales, pasacalles, volantes y merchandising por los que nadie debe dar explicaciones.
Aunque aún no sabe quién será el candidato a gobernador del espacio, un diputado nacional ya prepara cinco locales partidarios en su distrito para poner el cartel del postulante. “Tres son de un empresario amigo que me los cede por el período de campaña y otros dos me los da un sindicato local”, declara. Son los mismos inmuebles que usó en la campaña 2017 por los que nunca debió dar explicaciones sobre quiénes son los que están detrás.
“Los partidos están obligados a llevar la contabilidad de los fondos y el registro de los donantes. Para ello deben presentar a la Junta Electoral el estado anual de su patrimonio. Pero, el formato y el contenido de estas rendiciones no están regulados. En consecuencia, no solo no todos los partidos provinciales y municipales presentan sus balances, sino que los que los hacen, lo implementan según criterios propios de forma y contenido”, detalla un informe del Cippec en el que se recomienda desarrollar un régimen de financiamiento en el territorio gobernado por María Eugenia Vidal.
Los partidos en la Provincia deben presentar un balance de gastos, pero no de los desembolsos para las campañas. “El 50% de la actividad económica está en negro, por qué quieren hacer que el 100% de los gastos de campaña sean en blanco”, dice un viejo legislador provincial con varios comicios encima. Para renovar su banca, en 2017, este dirigente debió hacer campaña en la primera sección electoral y parte de los recursos salieron de la propia Legislatura (autos oficiales y empleados, entre otros).
Al desarrollarse en simultaneidad con los comicios nacionales, los gastos de las campañas en la Provincia deberían regularse bajo la misma legislación nacional. En la rendición, muchas veces se da cuenta de pagos de actos de postulantes a gobernador, pero la mayoría de las veces, quedan afuera de las presentaciones. “Ya en los balances que presentamos por las candidaturas nacionales debemos poner mucho menos dinero del que verdaderamente se gasta, la ley de financiamiento actual es de una gran hipocresía”, se queja un dirigente que en cada elección se encarga de hacer las cuentas.
“Cuando vas a reservar los espacios de cartelería en la vía pública te dicen que el precio es uno, pero para la campaña el precio se triplica porque hay muchos candidatos que lo quieren. Hacemos el contrato por el primer monto que sale del sueldo de los concejales y el otro dinero siempre se consigue de algún lado”, confiesa un intendente.
