Sin debate, decenas de proyectos perderán estado parlamentario

Diputados sancionó hace una semana el proyecto que convirtió en ley la incorporación del "femicidio" al Código Penal, además de aprobar un resarcimiento económico para las víctimas de la represión de 2001, entre otras iniciativas. Sin embargo, aún hay más de 20 proyectos de alto impacto social que podría perder estado parlamentario en los próximos días.

Hace semanas, varios diputados de la oposición advirtieron que a fines de noviembre caería el proyecto venido del Senado sobre Acceso a la Información Pública de no tratarse en recinto. Laura Alonso (Pro), Gustavo Ferrari (Frente Peronista), Graciela Ocaña (Confianza Pública) y Gerardo Milman (Gen), entre otros, criticaron "la falta de voluntad del kirchnerismo en la transparencia de la gestión pública" y en avanzar en una ley en este sentido.

La dilación en algunos tratamientos, pareciera haber sido la estrategia del oficialismo en ambas Cámaras para dar prioridad a los proyectos propuestos desde el Ejecutivo.

El proyecto de ley sobre residuos electrónicos es otro de las grandes reclamos de varios sectores de la sociedad civil, entre los que se destaca Greenpeace. Luego de que finalmente la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de Diputados firmara dictamen a favor del proyecto, la diputada Victoria Donda señaló que "los diputados del Frente para la Victoria deberían ponerse media pila para aprobar este proyecto", según consignó El Parlamentario. En los pocos días que quedan para finalizar el año legislativo, la iniciativa deberá sortear las comisiones de Industria y de Presupuesto, y luego ser aprobada en sesión. De no completar el proceso en forma positiva, perderá estado parlamentario y deberá empezar todo el circuito nuevamente.

El proyecto de la denominada Ley de Compre Argentino, en tanto, destinada a dar preferencias a empresas locales en licitaciones públicas, que cuenta con aprobación del Senado, podría asimismo perder estado parlamentario a fin de mes. La Ley de Compre Argentino fue modificada en marzo del 2011 para procurar ventajas para las empresas domésticas que participen de licitaciones del Estado o de empresas de servicios públicos.

Según consigna el diario Clarín, otros de los proyectos que volverían "a fojas cero", son el de erradicación de la "trata de personas" (por diferencias internas), el de "control de armas", el del "registro de violadores" (lleva cinco años de tratamiento), la suba del "mínimo no imponible" de Ganancias, la regulación de los DNU y la reforma del INDEC.