Los viajes internacionales suelen darle al presidente Mauricio Macri una inyección anímica. El contacto con líderes mundiales y empresarios lo envuelven en una realidad, al menos, distinta de la que escucha en la Argentina. Sin embargo, tras regresar hoy de su gira por Rusia, Davos y Francia, el Presidente tendrá que olvidarse rápidamente de su viaje y deberá enfrentarse con tres desafíos centrales para el devenir de su gobierno: los conflictos sindicales, la pulseada con el PJ en el Congreso y el devenir de la economía veraniega. Para compensar, pretende dar una señal de austeridad anunciando el recorte de un 20% de los funcionarios y el congelamiento de los sueldos de los cargos más altos.
Cuando regresó de sus vacaciones en Villa La Angostura, quienes estuvieron con Macri vieron a un jefe de Estado con “onda zen” en la Casa Rosada, que se extenderá incluso hasta el jueves 15 de febrero a la tarde, cuando comience el nuevo retiro espiritual del gabinete en Chapadmalal. De hecho, la estrategia política del Gobierno pasará este año por evitar conflictos, salvo con un sector en particular: los sindicatos.
En ese marco, el Gobierno, con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca –quien regresa de sus minivacaciones en Mar del Plata mañana por la noche–, a la cabeza, comenzará una ronda de diálogo para mostrar, para febrero, los acuerdos en paritarias que ronden el 15% como “modelo” para el resto. Paralelamente, deberá administrar la furia de Hugo Moyano –quien convocó a una marcha para el 22F–, con quien no dialoga desde hace más de 15 días. Una respuesta que evalúa Triaca: que la primera ronda de auditorías a obras sociales recaiga sobre la de Camioneros, una suerte de ofrenda de guerra. Todo en el marco de la investigación por lavado de dinero que sufren Hugo y Pablo Moyano por Independiente. Pablo fue uno de los más intransigentes críticos a la reforma laboral y hasta se alió con el kirchnerista Sergio Palazzo, de La Bancaria. El Gobierno quiere aislarlo.
Por su lado, el otro ministro que se prepara para la batalla es Alejandro Finocchiaro, el titular de la cartera educativa. Para comienzos de febrero se prepara la mesa docente con su nueva composición: Ctera dejará de ser la mayoría y tendrá un representante, al igual que otros tres gremios. Finocchiaro decidió, junto a Macri y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, que no habrá, bajo ningún concepto, paritaria nacional y que serán las provincias las que fijen su política salarial con los docentes. “Nosotros, como gobierno nacional, no pagamos el salario de los maestros, ¿cómo vamos a imponerles una cifra a los gobernadores y meternos en sus cuentas?”, repite el ministro ante sus asesores. Esta decisión preanuncia lo que será un conflicto a voces: el 5 de marzo hay escasas chances de que comiencen las clases. Ctera, cuya cara visible es Roberto Baradel, es una confederación que integran los sindicatos locales (por caso, UTE en la Ciudad o Suteba en la Provincia), con lo cual sin paritaria nacional su poder podría diluirse de manera ostensible. “Pensar como griego, luchar como troyano, morir como romano”, reza un pequeño cuadro enmarcado en una de las repisas de la oficina del ministro de Educación en el Palacio Pizzurno.
En ambos casos, los gremios podrían reunir fuerzas y salir a la calle con movilizaciones y paros nuevamente, como en 2017. Paradojas del macrismo: los dos ministros que deberán batallar contra sindicalistas son de origen peronista y se reivindican como tales.
PJ y decreto. El otro conflicto que deberá enfrentar Macri tiene que ver con el Congreso.
Tras las serias complicaciones que conllevaron las negociaciones por la reforma previsional, el Gobierno decidió desdoblar la reforma laboral y la política. Pero ahora se enfrentará con un tema más urgente: el mega DNU de reforma del Estado que será tratado en la comisión bicameral que analiza los decretos presidenciales.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, antes de iniciar unas vacaciones, le adelantó a buena parte de los gobernadores peronistas el contenido del DNU. Lo mismo hizo, con la ayuda del titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, con Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque peronista, y otros senadores aliados. La respuesta que escucharon los oficialistas fue que, en principio, habría acuerdo pero que, al menos, habría debate.
El tema volverá a poner de relieve el esquema de acuerdos con el PJ que deberá trazar la Casa Rosada para evitarse conflictos innecesarios. En particular, porque para el Gobierno es fundamental que en 2018 la política “no afecte la economía”, según lo definen en el primer piso de Balcarce 50.
Es la economía. El tercer punto será, acaso, el que más impacta la vida cotidiana: el tema económico. Tres cuestiones acuciantes. A pesar de que en el oficialismo intentan minimizarlo y lo reducen a una “cuestión cultural”, el dólar seguirá siendo un tema a monitorear. También el impacto de la baja de tasas de interés de parte del Banco Central y, adicionalmente, la inflación de enero. Hay versiones contrapuestas sobre cuál sería la cifra final. Desde la más optimista (debajo del 1,5%) hasta encima del 2% (una derrota económica).
De todas formas, mañana, cuando el Presidente regrese a la Casa Rosada de su gira europea, también tendrá temas de gestión pendientes. Uno de ellos es un decreto simple por el cual se establecerá el recorte de, al menos, un 20% a la estructura de cargos en todos los ministerios. Incluso se congelarán los salarios de 21 ministros, 91 secretarios y 209 subsecretarios de toda la administración nacional durante 2018.
Un gesto de “austeridad”, como le gusta decir al Presidente, ya que en términos reales el impacto en la reducción del déficit es ínfimo para las cuentas nacionales.
