En las oficinas del Congreso nacional se cocina un acuerdo que, bajo el rótulo de "cooperación tecnológica", podría cambiar para siempre el destino de la información privada de los argentinos. El Gobierno de Javier Milei busca ratificar un tratado con Estados Unidos que incluye una cláusula central: reconocer a la potencia del norte como un país con "protección adecuada" de datos personales.
Lo que parece un trámite administrativo es, en rigor, un "volantazo" geopolítico. Así lo define el Observatorio de Derecho Informático Argentino (O.D.I.A.), que a través de un detallado hilo en la red social X y en comunicación con PERFIL, su presidente, el abogado Tomás Pomar, encendió todas las alarmas. "Declarar a un país 'adecuado' no es simbólico", advierten. Significa que los datos —tus historias clínicas, tus finanzas, los registros del Estado— pueden fluir hacia servidores en EE.UU. de forma automática, sin salvaguardas adicionales.
En términos jurídicos, la diferencia es clave. Significaría que los datos personales podrán transferirse a EE.UU. sin requisitos adicionales. Lo que hoy es una excepción pasaría a ser la regla. “La transferencia deja de ser excepcional y pasa a ser jurídicamente normal”, explicaron.
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La sombra del caso Snowden
Para entender la gravedad, hay que mirar el mapa global. Argentina siempre estuvo alineada al estándar europeo (Convenio 108 y 108+), el más robusto del mundo en derechos humanos y privacidad. Sin embargo, Estados Unidos es el país de los "escándalos de vigilancia".
Como bien recordó el periodista Santiago O'Donnell en sus investigaciones sobre Edward Snowden, las revelaciones del excontratista de la NSA demostraron que las agencias de inteligencia estadounidenses tienen acceso masivo a cualquier información alojada en infraestructura bajo su jurisdicción. Esto no es una teoría conspirativa: es ley en Estados Unidos (FISA Section 702).
Por este motivo, la Unión Europea ya anuló dos acuerdos previos con EE.UU. en los famosos casos Schrems I (2015) y Schrems II (2020). El tribunal europeo determinó que EE.UU. no ofrece garantías suficientes frente al espionaje estatal. "Ahora Argentina pretende asumir como suficiente un estándar que el mundo civilizado cuestiona por la relación promiscua entre infraestructura digital e inteligencia estatal", señalan desde O.D.I.A.
El cerrojo legal que el Gobierno busca abrir
Hasta hoy, la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales funciona como un dique de contención. En su artículo 12, la norma establece una prohibición general: no se pueden transferir datos a países que no proporcionen niveles de protección adecuados. Es el concepto de "puerto seguro".
En diálogo con PERFIL, Tomás Pomar desmitificó la idea de que la información hoy esté "atrapada" en las fronteras nacionales: "La transferencia hoy no está prohibida, está regulada. Lo que sucede es que, para migrar datos a países 'no seguros', se requiere un consentimiento especial y explícito del titular. Al declarar a EE.UU. como 'adecuado', ese paso desaparece. La transferencia deja de ser una excepción vigilada para volverse la norma estructural".
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Actualmente, Argentina reconoce a un selecto grupo de jurisdicciones bajo la Disposición 60-E/2016 y la Resolución 34/2019 (que incorporó al Reino Unido tras el Brexit). En esa lista figuran la Unión Europea, Uruguay, Israel y Nueva Zelanda. Son países que, tras auditorías técnicas de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), demostraron estándares de privacidad equivalentes a los nuestros.
Estados Unidos siempre fue el gran ausente. Y no por falta de peso comercial, sino por una incompatibilidad de raíz: mientras que el modelo argentino y europeo protege el dato como un derecho humano, el modelo estadounidense lo trata como un activo comercial sujeto a la vigilancia de sus agencias de inteligencia.
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Para el O.D.I.A., el cambio que se busca introducir saltea el análisis técnico que siempre se hacía: antes se evaluaba si la ley del otro país realmente protegía a los argentinos; ahora se intentaría declarar la “adecuación” por una decisión política, pese a que la justicia internacional ya cuestionó reiteradamente la seguridad de los servidores bajo jurisdicción estadounidense.
El movimiento no sólo modificaría la seguridad jurídica de los usuarios. Como advierte Pomar, también puede alterar el trabajo cotidiano de miles de empresas locales, que a partir de la firma podrían terminar con sus bases de datos migrando a infraestructuras donde el Estado argentino ya no tiene capacidad real de control ni capacidad de reclamo.
En este sentido, O.D.I.O fue tajante al desarmar los argumentos oficiales. Mientras el canciller, Pablo Quirno, sugirió que esto es similar a aceptar los términos de TikTok, Pomar aclara a este medio la asimetría: "Un usuario toma una decisión privada; un tratado fija reglas estructurales para todo el país y limita la capacidad futura de regular".
El informe menciona el caso reciente del juez de la Corte Penal Internacional, el francés Nicolas Guillou: tras aprobar en 2024 órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, fue sancionado por Estados Unidos y quedó sin acceso a su iPhone, sus correos y sus cuentas bancarias. Desde el Observatorio señalaron que ese antecedente muestra que la discusión excede la privacidad individual. “Si alojás todos los servicios del Estado afuera y mañana recibís una sanción de ese país, perdés tus activos digitales. Te desconectan y no tenés a quién reclamar”, alertó Pomar a PERFIL.
Este fenómeno es lo que los académicos Nick Couldry y Ulises Mejías llaman "colonialismo de datos": la extracción de información desde la periferia (nosotros) hacia el centro (EE.UU.), donde se concentra el control, la infraestructura y las ganancias. Argentina, al desfinanciar proyectos como el Datacenter de ARSAT en Benavídez (uno de los más seguros de la región), abandona la idea de una infraestructura soberana para comprar lo que Pomar llama "el monorriel": soluciones mágicas que ocultan problemas estructurales.
Qué se juega en el Congreso
El tratamiento y debate legislativo será clave. El Congreso tiene frente a sí la responsabilidad de decidir si entrega la llave maestra de los datos de salud, finanzas y servicios públicos a la órbita de jueces y agencias de inteligencia extranjeros.
Las firmas argentinas que gestionan información sensible quedarían atadas a una jurisdicción que, por ley, prioriza su propia "seguridad nacional" por encima de los derechos de privacidad de ciudadanos extranjeros. Este movimiento no solo desprotege al usuario, sino que rompe con una tradición de vanguardia: Argentina fue durante años un referente regional en protección de datos personales y, según el organismo, la medida implicaría apartarse de ese estándar histórico.
Como advierte Tomás Pomar, no estamos ante una "solución mágica" que modernizará el Estado, sino ante una decisión que define, en última instancia, dónde reside el poder: el riesgo es perder la capacidad de auditar y controlar los propios activos digitales del país.
PERFIL consultó al Gobierno nacional para conocer su posición oficial, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta. Mientras tanto, la pregunta queda flotando: ¿estamos discutiendo un simple acuerdo comercial o estamos entregando la última palabra sobre nuestra identidad digital?
ML
