Sobreseyeron a Mauricio Macri, "Pepín" Rodríguez Simón y otros exfuncionarios en la causa "Mesa Judicial"
Así lo definió la jueza María Eugenia Capuchetti, para quien no existió delito. Era una de las causas de "lawfare" impulsadas por el kirchnerismo.
Mauricio Macri y Fabián "Pepín" Rodríguez Simón |
NA
La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó este lunes al expresidenteMauricio Macri, a su exasesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, y a otros exfuncionarios de su gestión en la causa conocida como “Mesa Judicial macrista”, en la cual se lo acusaba de presionar jueces para lograr fallos favorables y armar supuestas causas contra la oposición.
Se trata de un caso de “lawfare” -utilización de la Justicia para afectar o perseguir a oponentes políticos-, uno de los ejes discursivos del kirchnerismo, y en el fallo también fue sobreseído el exministro de Justicia del gobierno de Cambiemos, Germán Garavano.
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Al indicar que "no hubo existencia de delito", la jueza resaltó en el fallo que quienes supuestamente fueron presionados para direccionar las investigaciones, esto es magistrados y fiscales, nunca denunciaron en su momento los hechos ni tampoco cuando declararon.
“Esta cuestión no es menor", consideró Capuchetti, al explicar que no se trata de víctimas que "años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas", sino de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que "no solo se presume conocen el derecho y, por lo tanto, pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”.
Fabián "Pepín" Rodriguez Simón.
En la resolución, la jueza valoró que no puede considerarse como "presión" los comentarios de los dirigentes realizados en la prensa sobre esos magistrados. "Los miembros del sistema judicial estamos sujetos a un escrutinio público y, frecuentemente, nuestras decisiones son objeto de debate y discusión en los medios de comunicación", lo que consideró "esencial" para mantener la transparencia y la rendición de cuentas.
También rechazó que las investigaciones que se abrieron en el Consejo de la Magistratura contra esos jueces fueran un elemento para presionarlos, ya que así se desvirtuaría la interpretación sobre los mecanismos para analizar y evaluar el trabajo de los funcionarios judiciales.
“Transitada una extensa investigación que insumió más de cuatro años", la magistrada manifestó en la resolución que el fin fue "someter el objeto procesal de estos actuados al tamiz de la tipicidad, a fin de determinar si existe una verdadera sospecha susceptible de encuadre delictivo”, sobre la cual dijo que “no constituyen delito alguno”.
El exministro de Justicia, Germán Garavano.
“La inexistencia de tal asociación ilícita no surge solo de la prueba recolectada (que mal conduce a corroborar una coordinación jerárquica, una distribución de roles y un plan con acuerdo previo y común para cometer delitos indeterminados), sino también de las propias conductas denunciadas”, concluye el documento.
De esta manera, tomó la decisión de sobreseer al expresidente Macri, a los exministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Justicia, Germán Garavano, al exsubsecretario de Justicia y hoy jefe de fiscales porteños Juan Bautista Mahiques, al exsecretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, a la entonces diputada Graciela Ocaña y al asesor presidencial “Pepín” Rodríguez Simón.
La situación de Rodríguez Simón
El fallo de Capuchetti fue firmado poco antes del inicio de la feria judicial de enero y ya fue apelado por el fiscal Franco Picardi. En cuanto al exasesor del fundador del PRO, tiene otra denuncia en su contra, que le hicieron Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Los empresariossonquerellantes en el caso que investiga si funcionarios del macrismo armaron una “asociación ilícita” para desapoderarlos del grupo "Oil Combustibles", causa que investiga la jueza María Servini.
En octubre pasado, la Corte Suprema de Uruguay desestimó un nuevo planteo de Rodríguez Simón, prófugo desde hace más de tres años, para evitar su extradición desde el vecino país.
El exasesor presidencial había argumentado que “en su país de origen a lo largo del 2022, se emprendió una renovada persecución gubernamental en su contra por sus lícitas opiniones, actuación y afiliación” y culpó de ello a la exvicepresidenta de Unión por la Patria, Cristina Fernández de Kirchner.
