El abogado de Fabián de Sousa, Carlos Beraldi, solicitó este jueves ante la jueza María Servini la inhibición de los bienes del operador judicial del macrismo, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, además de prohibir también su salida del país.
La solicitud fue realizada luego de darse a conocer la existencia del entrecruzamiento de llamados, en los que Rodríguez Simón asumió un rol crucial, y que evidencian presiones sobre el Grupo Indalo y sus accionistas.
Dicho cruce de llamados sería prueba fehaciente para evidenciar la creación de una asociación ilícita encabezada por el expresidente Mauricio Macri y que tenía como objetivo el quiebre del holding de los empresarios Cristóbal López y De Sousa.
En un escrito de 19 carillas, Beraldi asegura que "se trataba de una verdadera extorsión, en la cual el imputado Rodríguez Simón, haciendo alarde de sus conexiones con el poder político de turno, quería imponerles a sus interlocutores que estos desarrollaran determinadas conductas bajo la amenaza de sufrir un daño grave e inminente”.
“Habrá que determinar de qué manera Fabián Rodríguez Simón y sus cómplices influyeron en el dictado de las decisiones judiciales tomadas en contra de las empresas del Grupo Indalo y sus accionistas, entre ellas, las que derivaron en la quiebra de Oil Combustibles S.A. y, de manera muy particular, la prisión preventiva dictada sobre López y De Sousa" detalló el abogado.
Asimismo, agregó: “Más allá del cambio de gobierno, no se tiene certeza de que los integrantes de esa otrora mesa judicial hayan perdido su capacidad de interferir en la marcha normal de las causas judiciales. Ello también pone en evidencia los riesgos procesales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar la presente solicitud”.
Finalmente, y respecto de la inhibición de bienes, Beraldi reconoció que “también resulta imprescindible asegurar una eventual reparación de los daños y perjuicios que han ocasionado las graves conductas prima facie delictivas aquí investigadas”.
Por su parte, Servini cito a Rodríguez Simón para indagatoria el próximo 26 de mayo por la presunta comisión del delito de asociación ilícita en el marco de la causa en la que se investigan las presiones del gobierno de Cambiemos sobre el Grupo Indalo.
JFG
