Los cuatro hechos por los que hoy comenzó a ser juzgado el prefecto Héctor Febres constituyen sólo una parte de los miles de delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Además de este primer juicio a un miembro del staff de la ESMA, otro medio centenar de integrantes de sus "grupos de tareas" esperan ya procesados, y en su mayoría detenidos, el comienzo de juicios orales trabados hasta ahora.
El Casino de Oficiales de la escuela naval convertida ahora en Museo de la Memoria albergó durante algo más de tres años, entre 1977 y 1981, a unos 5 mil secuestrados.
La mayoría de ellos terminaron arrojados con vida al mar en los "vuelos de la muerte", entre los que se contaron casos de trascendencia mundial como el de las monjas francesas apresadas junto al grupo original de la Madres de Plaza de Mayo.
Sobrevivientes de ese destino, Carlos Lordkipanidse, Carlos García, Josefa Prada de Olivieri y Alfredo Margari hicieron su primera denuncia contra Febres en 1987.
Fue apenas individualizaron al jefe de un destacamento de la Prefectura en Entre Ríos como el oficial que "les daba máquina" (electricidad) en la ESMA y violaba a detenidas domiciliarias a la que debía controlar bajo amenaza de matar a sus parientes.
El prefecto no mandaba sobre las patotas de la ESMA, que según estimaciones de organismos de derechos humanos tuvieron no menos de 120 integrantes activos.
Otros miembros del staff, como Alfredo Astiz, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Jorge Radice, Adolfo Donda Tigel y Jorge "Tigre" Acosta, terminaron convertidos en símbolos más visibles de los crímenes de lesa humanidad que allí se cometieron.
Pero Febres, encargado del ajuar de los bebés robados a la prisioneras parturientas, se distinguía por el ensañamiento y era conocido bajo el apodo interno de " Selva, ya que -decían- reunía la bestialidad de todas sus animales juntos.
Las leyes de obediencia debida y punto final, sancionadas a fines de los '80 los puso a todos a resguardo de la acción de la justicia argentina durante casi dos décadas.
La anulación definitiva de esas normas en el 2005 reactivó los procesos aunque convertidos en un rompecabezas jurídico por obra de las sucesivas denuncias y la negación de justicia.
Todo este paquete, manejado por el juez federal Sergio Torres y el fiscal Eduardo Taiano, desembocó en diciembre del año pasado en el procesamiento de 33 acusados en la "megacausa ESMA" (causa 14.217/03) por 266 delitos, y los colocó en línea para el juicio oral .
La Corte Suprema de Justicia dio una fuerte se[al para agilizar los juzgamiento al conminar a la Cámara de Casación Penal a que se expida en un recurso presentado hace cuatro a[os por un represor, que demora todo el trámite.
Fuente: Télam
