Esta semana, el Gobierno oficializó el llamado a elecciones en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Los comicios se realizarán entre el 18 y el 22 de diciembre e incluirán la novedad del voto electrónico. La medida, prepara el fin del proceso de gestión que comandó en su inicio la actual candidata a senadora del oficialismo en Buenos Aires, Gladys González.
La dirigente llegó a la conducción por decisión del Ministerio de Trabajo, tras el dictamen del Juzgado Federal N°6 de Rodolfo Canicoba Corral. El magistrado, delegó en el Ejecutivo la dirección gremial, mientras que reservó para su cuñado, Ramiro Tejada, la dirección interina de la obra social.
El anuncio del llamado a elecciones llega cuando continúa la investigación por posibles problemas de gestión. La candidata fue denunciada en tres oportunidades. Ex dirigentes del SOMU señalaron posible defraudación por administración fraudulenta, prevaricato, ocultación de expedientes y falsedad ideológica. Esta causa tramita en el juzgado de Canicoba. Otra denuncia, caratulada como averiguación de delito, fue asignada a Claudio Bonadio.
La tercera, realizada por el afiliado del SOMU Jonathan Abel Romano, recayó en el Juzgado Federal N° 1, de María Servini. La presentación señalaba, sin aportar pruebas, que González cobraba dos sueldos (este punto fue de-sestimado tras un informe de la Cámara de Diputados), que había irregularidades en el manejo de autos del gremio y que benefició a empresas proveedoras. Además, señaló que utilizaba las contrataciones del gremio con fines políticos.
El juzgado proveyó una serie de medidas de prueba en esta causa. Según pudo saber PERFIL, tras tres meses de oficios, la semana pasada llegaron al despacho que tramita este caso los informes de gestión que la intervención presentó ante el juzgado de Canicoba. Ahora se estudiarán una por una las personas contratadas durante la intervención. La demora, es adjudicada a diferencias entre los jueces en el caso del Federal 1, mientras que en el despacho de Canicoba niegan que sea su responsabilidad y se la achaca a instancias administrativas.
La contraofensiva judicial también alcanzó a Canicoba. El jueves, Suárez ratificó una denuncia contra el juez. El ex titular del SOMU dijo que su hija recibió la sugerencia de cambiar de defensor por parte de un secretario del juzgado, quien lo remitió a un abogado de nombre Fernando García, quien sería también el representante legal del ex secretario de Obras Públicas José López. Según Suárez, el abogado le ofreció a su hija la libertad por razones de salud a cambio de medio millón de dólares. Fuentes del juzgado de Canicoba señalaron a PERFIL que es parte de una “estrategia para tratar de obtener lo que no le corresponde a Suárez: la detención domiciliaria. Evaluaron también que “no es la primera denuncia falsa ni va a ser la última”.
