Nina Lozeva, ciudadana búlgara acusada de ser uno de los presuntos testaferros del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, se negó hoy a declarar en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. La mujer es criadora de perros de raza, y es a quien se le habría transferido un departamento de la avenida Figueroa Alcorta sospechado de ser del ex funcionario, informaron fuentes judiciales.
La búlgara se presentó ante el juez federal Norberto Oyarbide pero hizo uso de su derecho a negarse a declarar, posición tomada por la mayoría de los acusados en la causa, añadieron los voceros, según informó DyN
La mujer está acusada de haber recibido la transferencia de un departamento ubicado en Figueroa Alcorta 3358 que figura a nombre de la empresa Claraman SA. La propiedad, según la causa, habría sido comprado por el ex funcionario de la Secretaría de Transporte Hugo Alvarez Picasso, quien a mediados de octubre también se negó a declarar, y luego supuestamente transferido a Lozeva.
Jaime está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito por más de seis millones de dólares durante sus seis años en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, de mayo de 2003 a junio de 2009. La Justicia lo investiga por la compra de diferentes bienes, como autos, terrenos y departamentos por seis millones de dólares, y un avión Lear Jet 31 A valuado en cuatro millones de dólares. Para eso Jaime habría utilizado a distintas personas como testaferros. Entre los señalados figuran familiares y asesores, como Manuel Vázquez, ex mano derecha en la Secretaría, y su hijo Julián.
Los Vázquez están sospechados de ser quienes compraron el Lear Jet y se negaron a declarar a principio de mes cuando se presentaron en Tribunales. El fiscal Carlos Rívolo ya pidió la indagatoria de Jaime por presunto enriquecimiento ilícito, lo que Oyarbide resolverá cuando complete la ronda de declaraciones de los presuntos testaferros. El ex funcionario está procesado en dos causas por presuntas dádivas recibidas de empresarios a los que debía controlar.
En una de ellas, que ya fue elevada a juicio, está acusado de recibir pasajes de avión para viajar a Brasil, Uruguay y Córdoba (su provincia natal), y en la otra porque directivos de la empresa TEBA le habrían pagado los alquileres y las garantías de dos departamentos en la ciudad de Buenos Aires.