Juan Grabois solicitó a la Cámara Federal porteña la nulidad de su detención y el cierre de la causa judicial en su contra por la toma del Instituto Juan Domingo Perón. Los abogados del referente social plantearon que la Policía Federal Argentina (PFA) lo detuvo por orden del Poder Ejecutivo, lo que violaría la división de poderes establecida por la Constitución Nacional.
Grabois no fue personalmente a los tribunales, pero sí lo hicieron sus letrados este jueves 17 de junio, para mostrarles a los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi los videos que probarían sus argumentos, incluyendo el recorte de la conferencia de prensa que dio Luis Alejandro Rolle, jefe de la PFA, donde, hablando del operativo y la detención, expresó: “Son directivas del señor presidente de la Nación, Javier Milei, y de la doctora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional”.
Este testimonio, según el abogado Nicolás Rechanik, sería “una intromisión del Poder Ejecutivo de la Nación” en la Justicia, porque el artículo 109 de la Constitución Nacional le prohíbe al presidente ejercer funciones judiciales.
“Tienen una oportunidad histórica de enmendar este error y dar una señal política clara de que la división de poderes en Argentina sigue existiendo y está resguardada por las autoridades judiciales. No está bien que el Poder Ejecutivo mande a detener a un dirigente social y político, por el hecho de ser opositor a su ideología”, le dijo el letrado a los jueces de la Cámara Federal.
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Además, la defensa de Grabois señaló que no hubo un delito que justificara su detención sin orden judicial, y explicó que el dirigente social estaba allí como abogado de los militantes, no como organizador o líder de la ocupación del Instituto.
Bruglia, Bertuzzi y Llorens deberán determinar, sin un plazo fijo (aunque los expertos calculan que el trámite no tardará mucho en resolverse), qué harán con el planteo de nulidad expuesto por la defensa. Tienen dos opciones: darles la razón a los defensores del dirigente social y sobreseerlo; o convalidar la detención y permitir que siga la investigación encabezada por el fiscal Carlos Rívolo.
En esta causa, Grabois está imputado por usurpación, daños y lesiones a cuatro funcionarios policiales.
La toma del Instituto Perón
El 7 de junio, junto a un grupo de dirigentes políticos, legisladores y militantes, Juan Grabois ocupó el edificio del centro de estudios e investigaciones que se encuentra ubicado en Austria 2601, barrio de Recoleta, para protestar contra el cierre del lugar que había adelantado el Gobierno.
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Durante el operativo para desalojar el lugar, la PFA detuvo al referente social, lo que provocó un conflicto que terminó con la detención de un segundo militante. Grabois fue trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales donde, tras prestar declaración indagatoria, fue liberado. El juez federal Sebastián Ramos le pasó la investigación de lo ocurrido al fiscal Rívolo, que incautó el celular del dirigente y tiene la intención de revisarlo.
En sus redes sociales, horas antes de la audiencia en Comodoro Py, Grabois se quejó de que intentaran acceder a su teléfono: “Están violando el secreto profesional que tienen mis asistidos, particularmente en el caso $LIBRA, los trabajadores del Instituto y las víctimas del gobierno que defiendo; van a encontrar comunicaciones con la Santa Sede en el marco de mi rol como miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, comunicaciones personales y conversaciones políticas. Busquen tranquilos, no hay nada que me avergüence y mucho que me enorgullece; los Milei y sus secuaces no pueden decir lo mismo”.
HM/DCQ
