El proyecto de ley que busca conformar una comisión bicameral que investigue las “complicidades económicas” de los grupos empresarios durante la última dictadura cívico-militar avanzó hoy en Diputados a donde recibió Dictamen favorable sin debate y en menos de cinco minutos.
Se trata de una iniciativa que propuso el periodista Horacio Verbitsky en su último libro, Cuentas Pendientes, donde pidió que se creara una “Comisión de la Verdad” para investigar empresas que hayan tenido vinculaciones con los gobiernos de facto.
La medida llegó a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, junto con las de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la mano del oficialista Héctor Recalde. Los encargados de darle el visto bueno al dictamen fueron los diputados kirchneristas Remo Carlotto y Roberto Feletti.
De acuerdo a los fundamentos de la propuesta, la comisión deberá "elaborar un informe con una descripción detallada de los aspectos más salientes así como de las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera" adoptada por el gobierno militar entre 1976 y 1983.
Sin debate y en menos de cinco minutos, el oficialismo avanzó con la creación de la "Comisión bicameral de identificación de las complicidades económicas durante la última dictadura militar para la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia", según reza el proyecto.
La oposición se mostró dividida porque el radicalismo y el Frente Renovador enviaron señales de apoyo a la propuesta oficialista, mientras que los diputados del PRO, el Frente de Izquierda y Compromiso Federal no firmaron la propuesta de mayoría, consignó la agencia DyN.
El macrista Pablo Tonelli dijo que el proyecto impulsado por el oficialismo "tiene una característica muy sesgada, muy parcial, porque busca complicidades económicas empresarias como si no hubiera complicidades sindicales o no empresarias".
Asimismo, indicó que "los fundamentos que se aportaron están vinculados con casos que está investigando la justicia y de ninguna manera corresponde que el Congreso se superponga a esa investigación. Es mejor que las investigaciones las siga haciendo la justicia y que nosotros nos sigamos dedicando a proyectar y sancionar leyes".
Fernando Salino (Compromiso Federal) dijo a la agencia DyN que su bloque "no va a presentar un proyecto alternativo, ni va a acompañar el dictamen de mayoría", y advirtió que tomarán una posición cuando la propuesta llegue al recinto.
"Está bien que se investigue la connivencia que posibilitó el golpe de Estado del '76, pero también hay que investigar los hechos de corrupción de toda la Argentina", agregó el diputado que responde al senador por San Luis Adolfo Rodríguez Saá.
Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) anticipó que presentarán un dictamen de minoría que promueve "una comisión integrada por organismos de derechos humanos y sobrevivientes". El legislador explicó que la propuesta impulsada por el oficialismo está "acotada al parlamento e integrada por posibles partidos que fueron participes de la impunidad al votar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final".
Por su parte, Mario Das Neves (Frente Renovador) acompañó el dictamen de mayoría, pero advirtió que "sería un disparate utilizar políticamente esta comisión" y aseguró que será "el primero en alzar la voz" si hay alguna irregularidad.
Según la propuesta, la Comisión Bicameral estará compuesta por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, cuatro diputados y cuatro senadores y su tarea será la de elaborar un informe con una descripción detallada de los aspectos más salientes y consecuencias de la política que siguió la dictadura, así como "la identificación de los actores económicos y financieros" que contribuyeron o se beneficiaron con ella.
