Desde hace ya un año y medio que la Cámara de Diputados no ha podido desbloquear la Comisión de Juicio Político. Aquel escandaloso episodio en abril de 2024, cuando Oscar Zago perdió la jefatura del bloque libertario por intentar defender la designación de otra ex LLA, Marcela Pagano, como presidenta de dicho cuerpo legislativo, desató una ola de internas entre Martín Menem y esos legisladores que ahora tienen un bloque propio y cuestionan la gestión del Gobierno Nacional. Así, la comisión quedó acéfala, o, mejor dicho, nunca más funcionó. El presidente de la cámara baja no reconoció aquella votación a favor de la periodista y aunque muchos de la oposición intentaron instalar que ella era una autoridad legítima, eso nunca se materializó.
El fantasma de un juicio político a Javier Milei acechaba desde el inicio de su gestión, cuando algunos de los accionares del mega DNU 70 fueron tildados por diversos juristas de "inconstitucional" y se animaban a enviarle denuncias y pedidos de juicio político al mandatario.
Los pedidos de juicio político a Javier Milei
Uno de ellos fue el de Eduardo Barcesat, quien en 2024 acusó la venta ilegal de tierras vírgenes de la Patagonia a un magnate chileno, así como denunció que un discurso del jefe de Estado dio en Davos "atenta contra el derecho a la vida y entrega la soberanía de Malvinas".
Incluso, Barcesat formó parte de un amplio colectivo de personalidades de la política, la Justicia, la academia, organizaciones civiles y del movimiento de Derechos Humanos que acusaron al Presidente, también el año pasado, de incumplir con sus deberes de funcionario público por el desfinanciamiento de la educación, de la cobertura de medicamentos oncológicos y de programas de comedores.
Entre los firmantes también estuvieron el premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel; la referente de Soberanxs y exembajadora en Venezuela y ante el Reino Unido, Alicia Castro; el exjuez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el politólogo Atilio Borón; el economista Claudio Lozano; el sociólogo y periodista Jorge Elbaum, y la investigadora Dora Barrancos, entre otros.
Sin embargo, desde la dirigencia política que tiene bancas en el Congreso, los argumentos para pedir un juicio político llegaron en febrero de este 2025, con el escándalo de la criptoestafa $LIBRA. Por primera vez en debates entre diputados, Gaillard (Unión por la Patria) o los diputados del Frente de Izquierda, Castillo y Biasi dijeron que el camino para investigar no era una comisión investigadora, sino un juicio político. "El pedido de juicio político lo que hace es darle la facultad al Congreso para analizar si es culpable o no", alegaban en aquel entonces.
El camino que se adoptó con el caso fue el moderado, impulsado precisamente por los opositores del centro: la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y Encuentro Federal consideraban una instancia "extrema" ir directamente a un juicio político, por eso votaron por crear una comisión investigadora cuya finalidad es elaborar un informe que determine si amerita el juicio político o no. Hoy, esa es la instancia concreta más cercana de un juicio político que rodea a Milei. Según el cronograma de trabajo aprobado en esa comisión, el 10 de noviembre se entregaría el informe con las conclusiones finales.
Un tema tabú: Pagano quedó sola hasta después de las elecciones
Lo cierto es que después nunca hubo un respaldo real en el peronismo a la iniciativa de un juicio político. Según pudo reconstruir PERFIL, Pagano fue a buscar el apoyo de UxP, quienes tendrían la mayoría en esa comisión, para activarla. En ese momento, las encuestas y el rumbo económico no reflejaban el mismo clima de crisis y tensión que ahora, con los Milei señalados por escándalos de corrupción, un pedido de "salvataje" económico al Tesoro de los Estados Unidos y una derrota abrumadora en las legislativas de la Provincia de Buenos Aires. Incluso, ese primer año parlamentario le había dejado un balance más que positivo a un gobierno que aprobó su Ley Bases y hasta encontró sus "87 héroes" para blindar los vetos de Milei a cualquier proyecto que alterase su "orden fiscal". Con todo ese contexto, nadie quería ser acusado de "golpista".
Además, el acuerdo con el oficialismo partía de que la presidencia de esa comisión quedara en manos de un libertario. Como Pagano no tenía la bendición de Karina Milei y los Menem, pensaron en reemplazarla por "Bertie" Benegas Lynch, pero él ya había asumido la conducción de la comisión de Finanzas.
Con el contexto actual y una oposición que no para de darle malas noticias a la administración libertaria en el Congreso, logrando hasta los dos tercios necesarios para rechazar un veto del máximo mandatario, el tema volvió a intentar de instalarse a los pasillos de la casa de las leyes. Hasta miembros del PRO, aliados de LLA, se fueron preocupados por la última sesión. "Con un poquito más de voluntades que lo que se vio hoy, le pueden hacer un juicio político", dijo un diputado a este medio.
No obstante, el incordio ahora sería el tiempo: "A cinco semanas de las elecciones y teniendo que renovar todas las autoridades de las comisiones, sería un error impulsar algo así ahora", advirtieron desde el peronismo a PERFIL. Sin embargo, es una incógnita lo que pueda pasar a partir de diciembre, atado al resultado de los comicios del 26 de octubre y a la promesa que Donald Trump le hizo a Milei.
Un proceso de juicio político necesita un largo camino que además se inicia en la Cámara de Diputados como la acusadora, pero finaliza en el Senado como la cámara enjuiciadora. Y si bien la cámara alta hoy es más hostil para el oficialismo aún, las elecciones le van a dar a LLA nuevas bancas clave. ¿Estarían dispuestos los gobernadores a impulsar mediante sus legisladores ese camino? Lo cierto es que se necesitarían, al igual que para rechazar los vetos, dos tercios de ambas cámaras.
JD / fl
