Los asambleístas entrerrianos lanzaron un duro ultimátum de 20 días a la presidenta Cristina Fernández para que interceda en el conflicto con Uruguay por la instalación de Botín o será denunciada por "incumplimientos de los deberes de funcionario público".
Los vecinos enviaron hoy una carta documento dirigida a la madataria y otros funcionarios de su gobierno con un urgente pedido de acción. Según consta en el texto, piden "concretamente se impongan las prohibiciones absolutas de carácter no económico a las importaciones, exportaciones y tránsito cuando pudieran afectar la salud pública o la sanidad animal o vegetal, la preservación del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y prevención de la contaminación".
La carta, dirigida Fernández de Kirchner, también fue dirigida a la ministra de Salud, Graciela Ocaña y la Secretaria de Ambiente, Romina Picolotti.
La postura de los asambleístas es clara. "Consecuentemente con la posición asumida por el Estado Nacional, y a fin de prevenir o evitar los riesgos referidos, de conformidad a lo previsto en el art.41 de la Constitución Nacional, y tratados Internacionales en materia de transporte, exigimos e intimamos en el plazo de veinte días a que instrumente las medidas previstas en los arts.608 y sgtes. y 631 de la ley 22.415, bajo apercibimiento de considerarle incurso en el incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Además, exigen " la prohibición de la exportación de madera, en rollizos o chips, que tenga como destino final plantas de producción de pasta de celulosa radicadas o a radicarse en el Uruguay".
Los entrerrianos también consideraron "ofensivo" que "en estos momentos se encuentran en circulación por nuestro territorio nacional, y por el Río Uruguay utilizando nuestras rutas y el río compartido gran cantidad de camiones y barcazas que transportan mercaderías y diversas sustancias, muchas de ellas tóxicas, que serán afectadas a la producción de Botnia.
A su vez, advirtieron que el paso de los materiales hacia Botnia "implica un serio riesgo para la salud de la población y para nuestros recursos naturales". Y reiteraron que "la construcción y el funcionamiento de dicha planta, tal como ha sostenido la delegación argentina en la Corte Internacional de Justicia, generarán un perjuicio sensible".
Fuente: DyN