El reloj judicial empezó a correrle en contra a la Casa Rosada con una cuenta regresiva implacable. En una resolución que escala al máximo la tensión con el sector académico, la Justicia le ordenó al Gobierno nacional que cumpla de manera inmediata con lo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario. El ultimátum llegó con un plazo asfixiante: el Poder Ejecutivo tiene exactamente cinco días para ejecutarlo, bajo la advertencia expresa de recibir sanciones económicas diarias por cada jornada de demora.
La medida lleva la firma de Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11. El magistrado le dio luz verde a una cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que exige la aplicación plena de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. En los números, esto se traduce en la obligación estatal de actualizar las partidas para las becas estudiantiles y concretar la recomposición salarial del 32,5%, el porcentaje exacto que el personal docente y no docente perdió frente a la inflación durante el arranque de la gestión libertaria.
Esta disputa en los tribunales no es nueva y arrastra un denso expediente. Cormick ya había dictado la cautelar original en diciembre de 2025 para frenar un decreto presidencial que ataba el fondeo de la ley a la disponibilidad de recursos específicos. Desde entonces, el Gobierno intentó todas las maniobras legales posibles para deshacer el proceso, llegando incluso a recusar a los jueces y pedir que los integrantes de la Corte Suprema se apartaran del caso por el simple hecho de ejercer la docencia universitaria.
Ninguna de esas tácticas funcionó. Luego de que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaran los planteos oficiales en junio, el Ejecutivo ensayó una nueva estrategia para intentar levantar la cautelar. Argumentó que un acta firmada a mediados de ese mes (que otorgaba una suba salarial del 24,33% y ampliaba el presupuesto para hospitales escuela) ya satisfacía las exigencias de la ley, algo que los rectores del CIN desestimaron rápidamente por considerarlo apenas "una gota en medio del océano de los incumplimientos".
A principios de septiembre, el juez Cormick rechazó de plano la solicitud del Gobierno para dar de baja la medida. En su escrito, el magistrado concluyó que el Estado no logró demostrar que esos parches salariales solucionaran el grave deterioro de los ingresos que sufre la comunidad académica, dejando en claro que el peligro del desfinanciamiento no estaba superado en absoluto.
La tensión institucional terminó de volar por los aires el pasado 17 de septiembre. Ese día, la mesa paritaria convocada en el Palacio Pizzurno fracasó de manera rotunda cuando la Secretaría de Educación intentó cerrar la negociación ofreciendo una escasa suba del 3% para septiembre y otro 3% para octubre. Todos los sindicatos rechazaron la propuesta de forma unánime y trasladaron el conflicto directamente de los despachos a la calle.
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Paros escalonados y una nueva Marcha Federal
Como consecuencia directa de ese portazo oficial, los gremios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) activaron un plan de lucha contundente. Desde este lunes 21 de septiembre, las asociaciones ADUBA y APUBA pusieron en marcha un paro escalonado de 23 días que arrancó en el Rectorado y que promete extenderse con asambleas y protestas por todas las facultades hasta el próximo 22 de octubre.
Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA, advirtió a Infobae sobre el peligro institucional de la postura oficial: "No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple", disparó. En la misma línea, el titular de FEDUN, Daniel Ricci, apuntó contra la desobediencia de la Casa Rosada y señaló que la norma ya cuenta con el aval del Congreso y la Justicia. "Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes", sentenció.
El clímax de este choque de fuerzas ya tiene fecha y lugar reservado. Para coronar el plan de acción, la comunidad educativa convocó a la quinta edición de la Marcha Federal Universitaria (la segunda movilización masiva en lo que va del año). La protesta se llevará a cabo el 15 de octubre y, en un claro guiño al peso que tomó la batalla legal, esta vez el epicentro del reclamo será frente al Palacio de Tribunales.
TC/ML
