Un abogado de Cristina Kirchner realizó una contradenuncia a Patricia Bullrich, luego de que la ministra de Seguridad avanzara con una denuncia penal desde el Ejecutivo para impedir que los medios de comunicación difundan los audios de Karina Milei en la Casa Rosada, en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Gregorio Dalbón, letrado defensor de la exmandataria en causas civiles, presentó una denuncia este lunes por la noche, la cual espera el sorteo del juzgado, en la que sostiene que la titular de la cartera de Seguridad cometió abuso de autoridad al avanzar contra periodistas y medios de comunicación para evitar que se difundas los audios de la hermana de Javier Milei, alegando que implicaba un riesgo a la seguridad nacional.
En su presentación judicial, el abogado señaló que la funcionaria promovió la denuncia "contra periodistas y medios de comunicación con el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa" y aseguró que solicitó medidas "contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión".
Según la denuncia, el letrado alegó un "intento de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional" en el pedido realizado por Bullrich para evitar la reproducción y difusión de los audios grabados a Karina Milei en Casa Rosada.
Dalbón también respaldó la publicación de los audios de la secretaria general de la Presidencia sosteniendo que "reviste indudable interés público, ya que se trata de una figura que concentra poder institucional en la Secretaría General de la Presidencia".
El abogado de la expresidenta indicó en su presentación que la denuncia de la ministra de Seguridad se utiliza como una "herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa", como así también que "busca blindar políticamente al oficialismo y convertir la difusión periodística en un delito".
En este contexto, el letrado le solicitó al juez que cite a declaración testimonial al representante legal del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien formalizó la denuncia de la titular de la cartera de Seguridad, al mismo tiempo que pidió que Bullrich sea citada a indagatoria.
Dalbón es quien hace poco más de una semana denunció al presidente Milei, a su hermana Karina, al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo y a los hermanos Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina en el marco de la investigación por presuntas coimas y corrupción.
Bullrich pidió allanar a periodistas y Karina Milei logró que no difundan sus audios
Tras la filtración de las grabaciones de Diego Spagnuolo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal y pidió allanar a los periodistas que revelaron el escándalo. Karina Milei, por su parte, consiguió una medida cautelar para evitar que se continúe con la difusión de sus audios. La contraofensiva llegó y los autores de la investigación que destapó el escándalo denunciaron haber recibido amenazas.
El 19 de agosto, los periodistas Mauro Federico e Ivy Cángaro difundieron el primer audio en el canal de streaming Carnaval. La primera reacción del Gobierno fue el desplazamiento de Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) mientras intentaban determinar quién había sido el "traidor" que filtró las grabaciones a la prensa. Luego llegó el intento por instalar que todo se trataba de una "operación" de sus adversarios.
Desde que comenzó el escándalo, uno de los peores momentos fue el viernes 29 de agosto, cuando en una filtración, con claridad, se escucha la voz de la secretaria general de la Presidencia y aunque el contenido no era comprometedor, la idea de que Karina haya sido grabada en la Casa Rosada sembró el pánico.
El mismo día, con el asesoramiento del abogado Santiago Viola, la hermana de Milei pidió una medida cautelar que le fue otorgada el lunes 1 de septiembre. El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello dispuso "el cese de la difusión (por cualquier medio de comunicación, sitio, plataforma y/o canal web) únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación".
En paralelo a la cautelar, Bullrich presentó una denuncia penal para que se investigue la filtración. Su hipótesis es que se trata de una "operación de inteligencia ilegal". En la demanda, firmada por el abogado Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial de la cartera de Seguridad, se pidieron allanamientos y se deslizó la existencia de una supuesta red de espías rusos.
Bullrich pidió que se allanen los domicilios de "Franco Bindi Jorge Rial, Pablo Toviggino, Mauro Federico y todo otro interviniente sin fueros parlamentarios, a fin de secuestrar dispositivos electrónicos (computadoras, notebooks, teléfonos, discos externos, pendrives) y documentación vinculada a las maniobras descriptas, de las cuales pueda determinarse quiénes fueron los organizadores y partícipes de los delitos cometidos".
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