Un decreto de Vidal sanciona con prisión a quienes revelen datos de DDJJ
La gobernadora bonaerense decidió que "periodistas" o "terceros" que lo hagan podrán recibir hasta dos años de prisión. Su aclaración.
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Cedoc
Redacción de Perfil.com
Por decreto, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal decidió penar con hasta dos años de prisión a periodistas o "terceros" que den a conocer las declaraciones juradas de bienes "integrales" de ministros, directores, policías y agentes del servicio penitenciario.
Sin embargo, la dirigente de Cambiemos aclaró esta tarde que "si hay alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente, será revisada".
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"En marzo decidí que todos los funcionarios y los cargos jerárquicos de las fuerzas de seguridad presentaran sus declaraciones juradas públicamente. Esto no pasaba antes. La decisión sigue siendo la misma. Yo ya presenté mi declaración jurada y la mayoría de mi gabinete también lo hizo", explicó Vidal en Twitter.
La mandataria provincial agregó que "el acceso a esta información es público y para todos, en el marco de las leyes vigentes", y sostuvo que "si hay alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente, será revisada".
Mediante el decreto 647, publicado hoy en el Boletín Oficial, Vidal modificó el decreto 116, con el que obligaba a sus funcionarios (y a sí misma, además de los agentes penitenciarios y policiales con el grado de subcomisario en adelante) a publicar sus declaraciones juradas de bienes, una medida largamente esperada ante la falta de transparencia que impera en los actos del Estado provincial.
Ese decreto establecía que los funcionarios públicos debían presentar las declaraciones juradas en dos formatos: una versión sintética y otra integral. La primera, que iba a ser de libre acceso para periodistas y ciudadanos, sólo consigna la valuación del patrimonio sin identificar los bienes que lo integran. La segunda, integral, incluye esas precisiones más los datos de los familiares directos de los funcionarios, pero iba a quedar a resguardo de la Escribanía General de Gobierno, ente que desde hace años rechaza todos los pedidos de acceso a la información realizados por la prensa.
La medida publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, es contraria al anuncio realizado el lunes por el presidente Mauricio Macri, quien prometió revisar el artículo 85 del proyecto de ley para el blanqueo de capitales, que establecía penas de prisión y multas a quienes revelarán datos de esas operaciones, incluyendo a la prensa.
Desde el entorno de la gobernadora, precisaron a Perfil.com que la información es errónea, dado que hay dos declaraciones juradas sintética y la registrada es por ley nacional y que no es que se impida ver las declaraciones.
