Marcelo Vital Dainotto deberá devolver casi dos millones de dólares que "retuvo" del gremio que conducía, el Sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe, como parte de un acuerdo judicial para ir preso por presunto desvío de fondos.
Dainotto era secretario general del sindicato y secretario adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, alineado con Hugo Moyano, titular de Camioneros a nivel nacional.
Camioneros de Santa Fe había cambiado su conducción en una asamblea ordinaria del 12 de abril pasado. Ese día, Dainotto y su tesorero, Miguel Ángel Caichiolo fueron suspendidos a pedido de la oposición, encabezada por Rubén López. Los acusaban, precisamente, por los desmanejos de los fondos del gremio.
Ese mismo día hubo también una tragedia: Nicolás Esteban Savani, de cinco años, falleció en un tiroteo entre las dos facciones de Camioneros. El grupo con el que iba a participar de la asamblea (alineado con Dainotto) fue atacado a balazos en la puerta del camping que la organización tiene en la localidad de Pérez, al sudoeste de Rosario. Hubo otros cinco heridos.
La nueva conducción del gremio ordenó una auditoría de la gestión anterior. Encontraron que se habían comprado guardapolvos por medio millón de pesos, que nunca se entregaron, y un pago de seis millones a una empresa -curiosamente llamada con las iniciales MVD- que ofrecía publicidad en las pruebas de Turismo Carretera. También descubrieron el boleto de compra de un departamento en Miami, comprado por la esposa de Dainotto a 390.000 dólares.
El sindicalista se presentó esta mañana ante el juez Gustavo Pérez de Urrechu y confirmó el acuerdo que había alcanzado hace dos semanas con la Fiscalía Regional de Rosario. Accedió a devolver los casi dos millones de pesos, que tenía guardados en efectivo en cajas de seguridad de dos sucursales de Rosario, informaron fuentes judiciales a la agencia DyN. Según el acuerdo, Dainotto, que estaba imputado por "retención indebida de fondos", cumplirá una pena condicional de dos años, por lo que no irá a prisión. También será inhabilitado por diez años para ejercer cargos públicos o sindicales.
