Un juez ratificó la constitucionalidad del protocolo de uso de armas de fuego
El magistrado Héctor Pedro Plou de Junín rechazó el amparo de la Asociación "Linqueños por los Derechos Humanos" que pedía la inconstitucionalidad del nuevo protocolo.
Patricia Bullrich y Mauricio Macri. |
Noticias Argentinas (archivo)
El juez federal de Junín, Héctor Pedro Plou, rechazó un recurso de amparo contra el nuevo protocolo de uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad que ordenó la ministra Patricia Bullrich, entendiendo que se trata de una resolución constitucional.
El recurso, presentado por la Asociación "Linqueños por los Derechos Humanos", pedía que la Resolución N° 956/2018, que en su anexo estableció un reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad, sea declarada inconstitucional por representar un inminente peligro de "gatillo fácil", ya que dicha medida otorga al oficial mayores facultades para evaluar si se trata de una situación de peligro que amerite el uso de un arma de fuego o no.
No obstante, el magistrado consideró que "el funcionario público al que el Estado dota de un arma para cumplir sus funciones, si se encuentra obligado a usarla, no se defiende de una agresión ilegítima sino que cumple con su deber de hacer cesar una agresión o conjurar una situación de peligro, independientemente de que lo involucre personalmente", según consignó Infobae,
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Y agregó que la denuncia es "parcial, arbitraria e inexacta" ya que "ignora aquellas disposiciones que contradicen su posición, aunque formen parte necesaria del articulado que cuestiona".
Según el juez, las nuevas políticas de seguridad siguen siendo respetadas en el marco del protocolo de seguridad de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al que suscribe la Argentina. "El reglamento no contiene normas que afecten ilegítimamente los derechos a la vida y a la integridad física de los habitantes de nuestro país", aseguró.
Antecedentes adversos con la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. El juez porteño Roberto Gallardo había considerado inconstitucional el nuevo protocolo y había suspendido la aplicación del mismo en la Ciudad de Buenos Aires, hasta que la Sala III de la Cámara de Apelaciones resolvió suspender la resolución de dicho magistrado.
