En una nueva puesta en escena desde Olivos, el Gobierno acaba de arrojarle un salvavidas de plomo a los productores rurales, confirmando las sospechas de la total ignorancia oficial acerca de los reales problemas que afronta el sector agropecuario, uno de los principales generadores de divisas de la economía.
Lejos de cambiar el clima o de arrimar una ayuda para aceitar la decisión de vender el tonelaje de soja que está guardado en los silos-bolsa, las medidas anunciadas hoy por la presidenta Crsitina Fernández de Kirchner no sólo no varían la ecuación económico-financiera de los productores de la Pampa Húmeda, sino que muestran cómo se acentúa el divorcio con el sector.
En realidad, todo este galimatías encierra el costado oscuro y crónico de la Argentina: un tremendo desequilibrio fiscal.
Tal vez, las medidas sumen algún alivio para aquellas producciones regionales del complejo fruti-hortícola aunque, la felicidad no es del todo completa cuando se trata de productos altamente perecederos.
En primer término, la Jefa del Estado reiteró que recién desde mañana regiría el tenue recorte en las retenciones a las exportaciones de trigo y maíz. Estos, tal vez sean los cultivos que han sido más afectados por la sequía. Pero como hay que asegurar primero el abasto interno, los saldos exportables serán mucho menores a los de la campaña anterior, por lo cual el impacto será mínimo en la caja del productor.
Pero además, las autoridades le han lanzado otra "ayuda" al hombre de campo: en plena recesión mundial, con caída del precio de las commodities, el gobierno condiciona al productor con una baja adicional de las retenciones, siempre y cuando incremente la producción por encima de los promedios históricos que están muy por encima de los niveles actuales. En otros términos, en lugar de ayudar a la producción en tiempos de crisis, le exige más.
En segunda instancia, la "Operación Feed-Lot" abre un gran interrogante. ¿Quién invertirá en forraje para engordar animales que, en el mejor de los casos, pueden alcanzar un precio de venta de un peso/kilo y son destinados a manufactura, cuando puede destinar ese alimento para ganar kilos en animales de alta calidad, con destino a exportación que se pagan un dolar/kilo? Dicho de otro modo, ¿quién va a invertir capital en producir hamburguesas cuando puede, con igual capital, producir lomo, cuadril o peceto? Un tercer tópico está dado por la dramática relación costo-beneficio de la explotación agrícola, a partir del aumento de los primeros por la incidencia de un tope de 48 horas semanales, para los trabajadores rurales. Esto provocará un profundo desequilibrio financiero en muchos establecimientos rurales, en especial en aquellos con una gran participación de mano de obra. Y, entonces, el supuesto alivio de la producción frutihortícola se desvanece porque el costo laboral crece. No se ha tomado en cuenta que el trabajo rural tiene picos y valles a lo largo del año y que, en materia de agrícultura, mientras en épocas de siembra y de cosecha las labores se incrementan, por lo que habría que pagar horas extras, en tiempos de floración, las tareas disminuyen sensiblemente. Y lo mismo ocurre en la producción pecuaria.
La distorsión es más sensible en la producción tambera, donde la jornada laboral se extiende desde el alba hasta el ocaso. Pero es más ostensible, en la fruti-hortícola donde siembra y cosecha requieren mucha mano de obra intensiva y el producto no puede esperar. Este tope horario producirá incrementos de costos y el desbalance impactará inexorablemente de lleno en la caja de las pequeñas explotaciones de chacras.
En síntesis, con la pátina de la preocupación del Gobierno por un sector que podría arrimarle los dólares que pueden escasear desde lo comercial y correlativamente los pesos que necesitará el Tesoro, hoy se han dado a conocer medidas en un solo sentido, que demuestran no entender las necesidades del sector, medidas que encierran más esfuerzos para el productor, pero que carecen de estímulos ni tienen casi costo fiscal alguno para el Estado.
(*) Agencia DYN
