Claudio Hernán Blanco, pareja del juez federal Norberto Oyarbide, tiene un socio investigado en la Justicia por presunto lavado de dinero de la corrupción.
Blanco pasó de ser árbitro de básquet a integrar tres sociedades anónimas dedicadas a negocios informáticos y al mercado energético, como reveló PERFIL. Su incursión en empresas fue a partir de 2010, luego de conocer al magistrado. Se asoció a José Fernando Bladimirsquy en Consorcio Creba SA, dedicada a la generación y distribución de energía eléctrica.
Bladimirsquy figura como miembro de firmas financieras, como Grupo Florida Inversiones de Bolsa SA, un agente de bolsa que opera con acciones y bonos. En Grupo Florida y en otra serie de firmas, Bladimirsquy es socio de Ariel Osvaldo Roperti y Ariel Eduardo Feuer, reconocidos miembros del sector financiero. También participan juntos en empresas de venta de autos, construcción, hotelería y electrónica.
En 2012, el juez Sergio Torres dictó el procesamiento y embargo de Bladimirsquy en el marco de una causa contra un grupo de financieras, mutuales, cerealeras, sociedades de bolsa y cooperativas acusadas de haber “auxiliado” a un grupo de funcionarios del Ministerio de Economía y Producción, y del Instituto Nacional de Reaseguros (Inder). Acusó a los financistas de blanquear $ 54 millones que salieron irregularmente de las arcas del Estado: los fondos eran el pago de una supuesta deuda de la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro (CNAS) que se efectuó en 2007. En la primera etapa del caso, los funcionarios que autorizaron ese pago quedaron procesados por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. La decisión de pagar esa suma millonaria, según la investigación, “se tomó a pesar de que el Estado se encontraba en posición de negociar e, incluso, plantear objeciones al mismo”. Los $ 54 millones se depositaron en tres cuentas bancarias y luego viajaron por distintos circuitos financieros para perderles el rastro.
En la segunda etapa de la investigación, el seguimiento del pago de los $ 54 millones reveló que el dinero fue “fraccionado, convertido en efectivo y luego nuevamente reunido” por estas entidades financieras. El juez Torres procesó a Bladimirsquy y a otros financistas porque “quienes intervinieron en las operaciones conocían el origen espurio de los fondos y también tuvieron conocimiento de la apariencia de licitud que les darían”. Sin embargo, la defensa de Bladimirsquy sostuvo que no tenía forma de saber el origen de esos fondos y la Cámara Federal le dio la razón. Lo sobreseyó y pidió que sigan investigando. La causa sigue en trámite ante una apelación de la UIF ante la Cámara de Casación.
