La dinámica de poder en los tribunales federales está mutando. De alguna forma, un sector de la Justicia logró convertir al edificio de Comodoro Py 2002 es una usina de escándalos todavía mayores a los que ya estaba acostumbrado a hospedar. Acusaciones de sobornos entre jueces y fiscales, desplazamientos de magistrados de sus causas y un clima de permanente incertidumbre se apoderaron de la sede donde funcionan los doce juzgados y las doce fiscalías que investigan los casos de corrupción.
Estos pasillos y despachos siempre estuvieron plagados de operaciones pero el nuevo año llegó con una impronta más carnal, in crescendum. Ahora, están más cruzadas que nunca y ya no es empoderados versus outsiders. Las internas son entre personajes de peso. En los últimos días, las acusaciones contra el fiscal Carlos Stornelli y el juez Luis Rodríguez coparon la agenda judicial y pusieron sobre la mesa las sospechas sobre cómo funciona el poder judicial.
Llamativamente, algunos de los funcionarios con mayor experiencia en el emblemático edificio de Retiro encuentran las razones de esta crisis es un “problema interno”. No hablan de factores externos, ni de las intromisiones del Poder Ejecutivo o del poder político. Lo asocian a la pérdida de figuras de poder. O mejor dicho, de figuras que perdieron poder.
Comodoro Py estaba acostumbrada a contar con la mano ordenadora de tres enclaves centrales: el presidente de la Corte Suprema, la Cámara Federal porteña y los servicios de inteligencia del Estado.
Un curtido magistrado del fuero lo explica así: “(Ricardo) Lorenzetti y la vieja Cámara Federal (con el juez Martín Irurzun a la cabeza) nunca hubiesen permitido que se desaten estas internas. Cumplían una función institucional”. Política, más que institucional. Los jueces se acostumbraron durante años a recibir directivas. A dejarse ordenar por sus superiores (la Cámara, la Corte) o bien por los servicios de inteligencia (a través de sus operadores). La salida de Lorenzetti de la presidencia cortesana y la expulsión y salida de cuatro de los cinco camaristas desordenaron todo. El nuevo presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, ya no cumple ese tipo de roles. Los miembros de la Cámara Federal tienen sus propias internas.
Para explicar cómo funcionaba ese “orden”, otro magistrado recuerda cuando recién llegaba y un colega le resaltó: “Antes de tomar una decisión en una causa importante (políticamente relevante) se consulta. No te podés cortar solo”. Así, la casa estaba en orden.
Los cambios endémicos, sin embargo, están conectados con dos hitos políticos que sucedieron en distintas etapas. A fines de 2014, Cristina Kirchner eyectó al jefe de los espías, Jaime Stiuso, de la Secretaría de Inteligencia. El rancho se desbandó. Muchos jueces y fiscales se liberaron de su dependencia con los operadores judiciales de Stiuso -conocidos por su mano dura a la hora de hacer pedidos en la Justicia-. Otros magistrados, quienes consideran estar en deuda con el stiusismo, continuaron alineados. Se respiraba mayor libertad en el edificio de Retiro, pero también más “desorden”.
El segundo hito fue la llegada de Cambiemos. El gobierno de Mauricio Macri modificó la manera de relacionarse con el Poder Judicial. Abrió el juego a varios operadores y se desentendió de la dinámica de Comodoro Py. Los servicios de inteligencia siguieron operando y con llegada directa a los “ordenadores”. Pero un sector de las bases ya estaba desatado.
“Cada uno está en la suya y se nota”, cuenta un juez sobre sus colegas. “Lo personal se está mezclando con lo judicial más que nunca. Stornelli y Rodríguez tienen una interna desde hace años por el manejo de distintas causas. Siempre hubo internas pero no a este nivel”, agrega el magistrado.
