Los piqueteros más duros, agrupados bajo el paraguas de Unidad Piquetera, diagramaron una serie de cortes de ruta y calles en todo el país para el próximo martes. Sin paciencia, y en contra de las suspensiones del programa Potenciar Trabajo que implementó el Ministerio de Desarrollo Social, creen que la única salida pasa por redoblar medidas de protesta para ser escuchados.
La jornada del martes consistirá en un conjunto de acciones en 130 puntos del país, caracterizadas por cortes en accesos, puentes y rutas nacionales y provinciales, con presencia multitudinaria de adherentes de las cuatro principales organizaciones que conviven en la UP, Libres del Sur, el Polo Obrero, el MST Teresa Vive y la Coordinadora por el Cambio Social. Y se realizará el día posterior a las interrupciones efectivas de la asistencia social, que afectará a casi 160 mil personas, según las organizaciones.
Para Silvia Saravia, coordinadora nacional territorial de Libres el Sur, el Gobierno generó un recorte de manera “indiscriminada” y sin datos concretos pese a la validación de información que instrumentó la cartera de Victoria Tolosa Paz. La representante, en su diálogo con PERFIL, dice que se desconoce si “las personas que no hicieron la actualización de datos tienen dificultades para hacerlo”.
“Es una decisión de alto impacto, por eso vamos a hacer el reclamo hacia el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hemos pedido una reunión con la ministra, pero aún no recibimos ninguna confirmación, por eso hemos previsto desde la Unidad Piquetera llevar adelante una acción”, remarca la dirigente sobre los próximos pasos de la coalición de colectivos sociales.
Entre sus críticas a la funcionaria, comenta que “primero sanciona y después revisa las consecuencias de sus acciones. No tiene en cuenta que cuando la situación de vida es de tanta incertidumbre, donde la mayoría de las veces de ese ingreso depende tener o no un plato de comida. Ella vino a traer esas formas de ejecutar la política pública: primero suspender y después revisar”.
Fuentes de la UP denuncian, además, que registraron despidos de beneficiarios del plan pese a que participaron de la auditoría oficial y que existen incumplimientos por parte del Gobierno en la entrega de herramientas e insumos para los emprendimientos productivos que lideran las organizaciones. Del lado del oficialismo, la versión que otorgan es otra: indican que el 15 de enero pasado, momento en que finalizó el procedimiento de validación de datos para los titulares del plan, arrojó como resultado la validación positiva del 88.7% del último padrón liquidado.
Ante esa situación, el Ministerio de Desarrollo Social abrió un período de recepción de pedidos para las personas que, siendo titulares del programa, no hubiesen podido realizar la validación en la fecha prevista. Un trámite “simple”, como subrayan, que se realiza a través de la plataforma Mi Argentina, con la cartera social brindando asistencia en todo el territorio nacional.
“Las personas que realicen el reclamo y resulten verificadas como titulares del programa, volverán a percibir la totalidad del importe correspondiente en el mes de marzo. Quienes en los sesenta días posteriores a la finalización de la validación no presenten reclamo serán dados de baja del programa”, precisaron desde la cartera, que lanza una pregunta en torno a la discusión: “¿Cómo puede ser que las unidades de gestión (manejadas por las organizaciones) no hayan podido encontrar a las personas a las que cada mes les certificaron su tarea para que cobre el importe correspondiente al programa?”.
