La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció hoy en conferencia de prensa que más de 150.000 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo no validaron su identidad y serán suspendidos, tras conocer los resultados de la última auditoría que se realizó para identificar y validar los datos de cada uno en el sistema.
Según trascendió, un 88,7% del padrón de beneficiarios (1.210.571 personas) regularizaron su situación y cobrarán el plan completo el próximo 5 de febrero. Sin embargo, el 11,3% que resta, que representa 154.441 personas, percibirá la mitad del monto por no cumplir con la medida.
Quienes no hayan cumplido este requisito tendrán una instancia de reclamo por 60 días, pero percibirán el 50% del beneficio en febrero.
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En el caso de que estos beneficiarios no regularicen su situación, serán dados de baja del programa a los 60 días. Sin embargo, aunque el objetivo del Gobierno nacional era validar todos los datos antes del 6 de enero -luego se aplazó hasta el 15-, se puede realizar un reclamo a través de la plataforma Mi Argentina y la Secretaría de Economía Social será quien revise la situación.
La modificación de los planes es un asunto que viene se viene charlando, tanto desde el Ministerio de Economía como en la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz. Desde los últimos meses de 2022 la ministra se encuentra en conflicto con los movimientos sociales por las auditorías del Potenciar Trabajo tras las denuncias de irregularidades.
"Tenemos muchas más certezas y podemos decir que estas personas no tienen bienes registrables, que no compraron dólares y no presentan incompatibilidades con el Potenciar Trabajo", afirmó la ministra y aseguró que el resultado del relevamiento está en manos de la justicia, cuando le preguntaron sobre las supuestas incompatibilidades halladas por la AFIP meses atrás, que motivaron una causa judicial en manos del fiscal Guillermo Marijuan.
Un informe de la AFIP echó luz sobre una serie de incompatibilidades acerca de 253.184 beneficiarios del programa que no deberían recibir el cobro mensual de $27.275 -a valor noviembre- por las cuatro horas de labor que realizan. Entre ellas se encuentra la compra de dólares para ahorro y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.
De hecho, Tolosa Paz recordó que en diciembre pasado se dispuso la baja inmediata y definitiva de 2.243 titulares del Potenciar Trabajo (menos del 0,3% de los destinatarios) por haber adquirido dólares ahorro y consumos en dólares con tarjeta de crédito.
En ese marco también se halla el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que implica un déficit de 2,5% para el 2022, y del 1,9% para el 2023, lo que representa una fuerte reducción del gasto público, teniendo en cuenta que este año hay elecciones.
Desde diferentes movimientos sociales, como la Unidad Piquetera, expresaron que el gobierno mantiene "la línea de recortar y no de auditar" y criticaron que la principal dificultad para aquellos beneficiarios que no pudieron validar sus datos se deben a inconvenientes en la conectividad o la falta de un dispositivo para hacerlo. Desde este sector no se descarta la realización de medidas de fuerzas, sumada a la protesta por la demora en la entrega de alimentos que forman parte de los programas sociales.
Qué dice el informe del Potenciar Trabajo
En una presentación que difundieron a los medios desde la cartera de Desarrollo Social, se informaron detalles sobre las estadísticas actuales del plan Potenciar Trabajo, donde por ejemplo indicaron que del total de beneficiarios, 1.134.472 se dedica a realizar actividades productivas o comunitarias, mientras que 46.471 realizar cursos de capacitación y 29.628 están finalizando estudios formales.
Asimismo, el 60,87% de los beneficiarios no terminó estudios primarios o secundarios, lo que representa a 736.723 personas. Un 10,26% va destinado a titulares para la terminalidad de nivel primario, mientras que el 50% va para terminalidad del nivel secundario. El 79,2% quiere continuar su trayectoria educativa.
Por otro lado, informaron que el 65,7% de los beneficiarios son mujeres, y que el 59% del total tienen hijos o hijas menores de 18 años.
Por último, el 39,1% tiene entre 18 y 29 años. 29,5% tiene entre 30 y 39 años, mientras que 19,8% tiene entre 40 y 49 años. El 11,5% restante tiene más de 50 años.
JD FP CP
