Salvando distancias y convenios colectivos de trabajo, aparece un conjunto de gremios que marca las principales pautas de las paritarias 2023: acuerdos cortos, que pueden transformarse en permanentes si la inflación se desboca y sin ningún tipo de techo que limite discusiones. Lejos de las declaraciones de Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, quien sugirió que las negociaciones salariales se ubiquen en torno a la pauta inflacionaria oficial del 60%, los sindicatos pretenden que los sueldos dejen de correr detrás de la suba de precios y comiencen a ganar peso en los bolsillos de las bases.
Con ese objetivo en mente, Sergio Palazzo, líder de La Bancaria, diputado nacional del Frente de Todos y hoy identificado con el kirchnerismo, puso primera y ya pudo establecer contacto con las cámaras empresariales por el incremento de haberes. Duro, señalando que el sector financiero obtuvo en los últimos tiempos rentabilidades “extraordinarias”, apuesta a obtener un número relevante para sus afiliados, sobre todo tras cerrar un 94,1% para 2022 y con revisión pendiente. Pero aún no consiguió eco y su gremio se declaró en estado de alerta y movilización.
Sus allegados le indican a este medio que esperarán los resultados de la audiencia entre las partes, que se producirá el próximo jueves, y se definirán los pasos a seguir, en un escenario que luce sin oferta por parte de las compañías. El ida y vuelta tendrá como característica, además de la rispidez, cifras bajo llave, sin pretensión de horizonte, aunque el ámbito sindical sabe que lo que puede lograr el legislador es importante y que la política lo sigue bien de cerca. De hecho, el año pasado, Cristina Kirchner festejó uno de los entendimientos que rubricó en medio de una escalada inflacionaria.
El Gobierno impulsa paritarias del 60% para "desacelerar" la inflación
Los docentes enrolados en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), uno de los colectivos gremiales de mayor envergadura del país con sus más de 400 mil afiliados, también aparecen en el mapa, calentado la voz de cara al 9 de febrero, fecha en la que fueron convocados a discutir la actualización de remuneraciones. Sonia Alesso, la secretaria general del gremio, en conversación con PERFIL, indica que llegan a la instancia tras firmar una paritaria anual del 114% y anticipa que el planteo será simple: “queremos que haya permanentemente un monitoreo del salario y una revisión”.
Esa estrategia, según la figura sindical, tuvo resultado positivo y dice que se podría repetir, más allá de que el alza de valores podría ser menor a la de 2022. “Se hizo una pauta al comienzo y después tuvimos cuatro revisiones, eso posibilitó ganarle a la inflación, hay que seguir con la revisión permanente porque funcionó”, valoró. Cuando se le pregunta por un techo salarial a la hora de negociar, como propuso Olmos, su respuesta es contundente: “Los que estamos interesados en que no haya inflación somos los trabajadores, porque la sufrimos. Ojalá sea del 60% anual pero ya de por sí es alta. Nosotros seguimos sosteniendo que las paritarias no tienen techo y lo vamos a discutir en el ámbito correspondiente”, lanzó.
Pablo Moyano, uno de los triunviros de la CGT, que alcanzó un entendimiento salarial del 107% anual hasta agosto, es otro de los fervientes opositores al horizonte de haberes y así lo expresa en público y en privado. Es más: sostuvo que ningún colectivo sindical puede cerrar una paritaria en torno a los números que barajó el oficialismo.
Los estatales cerraron su paritaria con un aumento del 97% anual
Jorge Sola, secretario de prensa de la CGT y secretario general del sindicato del Seguro, uno de los primeros gremios que cerró una paritaria en torno al 100%, aporta, aclarando que cada actividad cuenta con debates y calendarios particulares, que la inflación va a a la baja, que se ha contenido en los últimos meses y eso permitió que no llegue a una cifra de tres dígitos. “En muchos convenios, como el mío, hemos podido recuperar dos o tres puntos pero venimos de años en los que perdimos del 25% al 28% del poder adquitivio”, aseveró.
En este contexto, el dirigente de la calle Azopardo guarda “una expectativa positiva” para los próximos meses y remarca que en el caso de su sindicato estará “en una suerte de paritaria permanente y vamos renovando los números cada tres o cuatro meses, de acuerdo a las variables de la inflación”. El concepto de actualización constante también generó beneplácito en Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham, quien anunció revisiones mensuales cuando negoció con los estatales.
Cabe destacar que otros sindicatos se apresuraron y firmaron entendimientos en modo 60: fue el caso de la Unión Tranviaria Automotor, de Roberto Fernández, un hombre identificado con Luis Barrionuevo, quien aceptó una oferta semestral del 31% para el primer trimestre, con monitoreo en junio, y trabajadores estatales porteños, que pactaron un 60% anual con revisión trimestral.
Mientras se espera la cifra que discuta el sindicato de Comercio, una paritaria que se abrirá en abril y que será testigo por la cantidad de afiliados que tiene, 1.800.000, el más numeroso del país, y con el siguiente antecedente: obtuvo un 101% a lo largo de un año tras monitoreos.
Los empresarios buscan un tope de 60% al estilo de Kelly Olmos
Gerardo Martínez, el “lobbista” detrás de escena
A Gerardo Martínez, líder de la Uocra, y una de las principales caras que tiene la CGT, no ahorra palabras al momento de hablar de la inflación y de la posibilidad de darle una marca a la paritaria 2023.
En primer lugar, esgrime que los sindicatos y trabajadores y trabajadoras apuestan a desalentar el proceso de suba de precios que deteriora el poder adquisitivo y en el que los salarios pierden contra la inflación. En esa dirección, el dirigente expresó que va a acompañar “cualquier medida que contribuya a bajar” el aumento de valores.
Y no piensa aceptar que los salarios “sean una variable de ajuste” porque, desde su visión, las causas de la escalada de precios no tienen que ver con las remuneraciones de los trabajadores. Para Martínez, el alza de valores tiene que ver con “la incertidumbre y la falta de previsibilidad macroeconómica, la inestabilidad política o la falta de seguridad juridica”. “La inflación es el impuesto a la pobreza ya que los asalariados y los sectores de bajos recursos son quienes más la padecen”, completó.
