Oscar Santillán, el primer detenido por los violentos disturbios ocasionados en las inmediaciones del Congreso de la Nación mientras se debatía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cobra un plan social por trabajo en una cooperativa del Estado. El militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), de 54 años, trabajaba desde noviembre de 2018 en una cooperativa del Programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, según pudo saber PERFIL. Ese ingreso rondaba los 33.000 pesos mensuales.
El programa, señala el Ministerio de Desarrollo en su sitio oficial, tiene como objetivo “contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa”, para promover la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad social y económica.
Ataque al despacho de Cristina Kirchner: detuvieron a un militante del movimiento Teresa Rodríguez
Al conocerse que el imputado por hechos de daño e incendio en la vía pública era beneficiario de este plan del Estado, desde la cartera de Desarrollo Social le dieron la baja. Así lo comunicó el propio ministro del área, Juan Zabaleta.
“Supimos que uno de los detenidos por el ataque al despacho de @CFKArgentina era beneficiario de Potenciar Trabajo desde noviembre de 2018. Ya lo dimos de baja”, anunció Zabaleta en sus redes sociales. Y agregó: “La sociedad argentina los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidenta”.
De qué se acusa a Oscar Santillán, uno de los detenidos tras los ataques en el Congreso
Eduardo “Negro” Soares, presidente de la Gremial de Abogados que patrocina la defensa de Santillán, dijo a este medio en el día de ayer que el integrante del MTR “se lo acusa originalmente de los delitos de daño, incendio, atentado y resistencia a la autoridad".
Sin embargo, el letrado aseguró que "no está acusado de la pedrada al despacho de la vicepresidenta, ni de la bomba molotov" que lastimó a un policía de la Ciudad de Buenos Aires, y que la Justicia "no tiene elementos que acrediten que pueda estar en uno de esos hechos”.
Soares agregó que estos delitos “son excarcelables”, porque la pena sería “de 3 años o menos de prisión”, luego de que la fiscalía a cargo pidiera su prisión preventiva.
En la tarde del martes 15 de marzo también se detuvo a otro miembro del mismo movimiento, acusado de ser uno de los causantes de los destrozos en el despacho.
Se trata de Jaru Alexander Carrero, de nacionalidad venezolana, que fue apresado tras allanamientos en la localidad bonaerense Gobernador Costa, en el partido de Florencio Varela.
Seis de los detenidos "tienen vínculo directo" con la organización MTR
El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, informó que la Ciudad puso a disposición de la Justicia las imágenes registradas por el sistema de monitoreo por videovigilancia, por el cual fue posible "identificar a varios de los violentos" que actuaron mientras en la Cámara de Diputados se desarrollaba una sesión especial para tratar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Los detenidos ya son seis y fueron puestos a disposición de la Justicia. Tienen vínculo directo con la organización MTR. Uno de ellos es de nacionalidad venezolana”, detalló D’Alessandro.
En ese marco, el funcionario señaló que “se entregó la investigación a la Justicia para que pueda determinar si esto tiene que ver con el financiamiento o no de la organización MTR".
Según la información del ministro, en el allanamiento de las sedes del MTR en Florencio Varela, "se pudo secuestrar información donde queda bien documentado en cuadernos cómo llevaban a la gente y tenían planificado lo que sucedió el jueves" pasado, durante la sesión que se realizó en la Cámara de Diputados.
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