La referente de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi), María del Carmén Verdú, le respondió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que la funcionaria asegurara que los datos del organismo sobre las muertes provocadas por las fuerzas de seguridad del Estado eran falsas. En consecuencia, Verdú convocó a Bullrich a un debate público para que le diga "quiénes de esos muertos están vivos y dónde".
"Es absolutamente mentira, falso. Y le puedo dar uno por uno las mentiras del informe. Si quiere le mandó uno por uno los casos falsos", desafió el martes la ministra en declaraciones a Radio Con Vos. Por esos dichos, desde Correpi contraatacaron: "Estamos esperando que nos contacte para debatir públicamente. Cuando quiera nos juntamos para que nos diga quiénes de esos muertos están vivos y dónde".
Los datos en cuestión marcan que durante el Gobierno del presidente Mauricio Macri, desde el 11 de diciembre de 2015 y el 30 de noviembre de 2017, las fuerzas de seguridad cometieron 725 asesinatos. Las estadísticas señalan que hubo 725 casos en 721 días. Un índice diario de 1,01, un asesinato cada 23 horas, según Correpi. "Vamos a discutir caso por caso cuando ella quiera. La estamos esperando", manifestó Verdú en comunicación con PERFIL.
"Venimos señalando que se ha decretado de facto un estado de excepción en Argentina. Las declaraciones del Gobierno le dan una vuelta de tuerca a la situación y ya estamos hablando de que de facto el Gobierno ha decretado la vigencia de la pena de muerte en Argentina", expresó.
La referente del organismo argumentó su análisis recordando que el Presidente recibió a Luis Chocobar, cuya causa Verdú caratuló como "homicidio calificado", diciendo que es un héroe y que Bullrich anunció que "va a haber una nueva doctrina legal en Argentina y que va a ser política pública defender a los policías en este tipo de situaciones, que en su enorme mayoría son fusilamientos presentados por ella como enfrentamientos".
"Estamos quitándole vigencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la que Argentina es firmante desde 1983 y que prohíbe a los Estados partes restablecer la pena de muerte", afirmó a este portal.
Verdú analizó que si bien el Gobierno no hizo una declaración formal de estado de sitio o emergencia, en los hechos, "es clarísimo por los fallos de los jueces Martínez de Giorgi, Claudio Bonadio y Sergio Torres en todas las movilizaciones". "Tuvimos 250 presos en manifestaciones y movilizaciones durante las últimas 2 semanas de diciembre en el país, sobre todo por lo que pasó en las afueras del Congreso", recordó.
Datos. Durante la etapa de Néstor Kirchner, la Correpi informó que el índice diario de asesinatos a manos del aparato estatal era de 0,58. En los 8 años con Cristina Kirchner en el poder, se contabilizó una muerte cada 28 horas, récord en ese momento, mediante un índice de 0,74 por día.
"Decíamos que eso era barbaridad", contó Verdú, pero comentó que el actual Gobierno de Macri llevó la situación al "mayor pico represivo desde 1983". Hubo 725 casos en 721 días. Un índice diario de 1,01, un asesinato cada 23 horas a manos del Estado.
La representante del organismo aclaró que "son situaciones que no generaban peligro ni para quien los intima ni para terceros". "No es un conteo de civiles versus policías a secas. Si el Gordo Valor se tirotea con la policía y la policía tiene mejor puntería, eso no está en el archivo" explicó a PERFIL.
Por otro lado, el Gobierno se podría sostener en, por ejemplo, el caso de Santiago Maldonado, contabilizado por Correpi como una muerte de la policía. "La desaparición y muerte de Santiago se produce en el marco de un operativo represivo bajo la dirección conjunta del juzgado federal de Guido Otranto y el Ministerio de Seguridad con el jefe de Gabinete de la cartera, Pablo Noceti, presente en el lugar. Es indudable la responsabilidad estatal, el pibe no es que se fue de camping, estaba pescando se resbaló y se cayó al río", aseguró Verdú.
De esa manera, comentó que las modalidades que dan forma al listado son fusilamiento de gatillo fácil, muertes en lugares de detención, desapariciones forzadas, homicidios cometidos por miembros de la fuerza de seguridad, homicidios cometidos para encubrir otros hechos de criminalidad policial, muertes en movilizaciones y manifestaciones.
"No es la primera funcionaria de un Gobierno nacional o provincial que intenta desacreditar lo que nosotros hacemos que es hacer una lista de la gente que ellos matan. En muchas oportunidades anteriores hemos tenido brabuconadas semejantes. Todos tuvieron que guardar violín en bolsa. Estamos esperando a ver si Bullrich se anima a un debate público con Correpi sobre la vigencia actual del gatillo fácil y la tortura en Argentina", completó la referente del organismo.
