La asociación Usina de Justicia, dedicada a la lucha por los derechos de las víctimas, dijo este jueves que la directora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, pretende cambiar el nombre del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por el de Servicio de "cuidado y resguardo de personas en cumplimiento de la pena". "Yo sé que es muy largo, pero era la idea que queríamos instalar y discutir", dijo la funcionaria.
"Victoria Donda está encabezando, desde el INADI, una serie de encuentros virtuales sobre temas carcelarios. Proponen cambiar el nombre del Servicio Penitenciario por el de "cuidado y resguardo de personas en cumplimiento de la pena", dijo la organización en Twitter. "Quisimos participar del encuentro 'abierto' y fuimos censurados. Denunciamos esta discriminación repudiable de parte de un organismo que debiera luchar contra la discriminación", agregaron.
La idea del rebautismo del Sistema Penitenciario fue reflotada por Donda en una serie de conversaciones convocadas los pasados 13 y 15 de julio por el INADI "sobre la situación de las personas privadas de su libertad en Argentina con el objetivo de pensar posibles estrategias para un abordaje inclusivo y sin discriminación", según detalla en su página web el organismo estatal. El debate serviría para "profundizar sobre un tema que debe ser abordado seriamente y con una sensibilidad social que permita derribar prejuicios, estereotipos y abordajes que fomentan la discriminación", se explica.
"El programa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo destinado a la asistencia de personas privadas de la libertad – área a cargo de Lidia Pérez- viene registrando en llamados y pedidos distintas necesidades urgentes que se agravaron ante la situación de la pandemia", explica el proyecto, de cuyas conversaciones virtuales participan Donda, Ornella Infante, directora de políticas y prácticas contra la discriminación del Instituto, la responsable del programa de personas privadas de la libertad y liberadxs, Lidia Pérez, y la flamante interventora del SPF, María Laura Garrigós de Riborí.
En el transcurso de la videoconferencia, Victoria Donda dijo que enviaría a la jueza nacional Jimena Monsalve, presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal y participante de la videoconferencia, “un proyecto de ley integral que construimos con quienes estaban en el Servicio Penitenciario, con trabajadoras y trabajadores del servicio y también con personas privadas de su libertad”, en 2012, y en el que se manifestaba la intención de cambiar el nombre.
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“Si vamos a transformar de raíz, desde lo profundo, de cuajo, tenemos que transformarlo todo”, dijo la funcionaria. “Hoy se llama Servicio Penitenciario pero en el proyecto de ley que habíamos presentado era que el Servicio Penitenciario debía dejar de existir y tenía que existir un Sistema de Cuidado y Resguardo de las Personas y sus Derechos en cumplimiento de la pena. Yo sé que es muy largo, pero era la idea que queríamos instalar y discutir”.
Según la Usina de Justicia, los participantes de las conversaciones "buscan cambiar el nombre, a la vez de generar empatía y preocupación por el estado lamentable de las unidades penitenciarias, pero nadie propone inversión y mejoras". "La respuesta siempre es discursiva y propagandística. No hay un plan concreto", acusaron, y resumieron: "Todo se reduce a eternos debates partidarios e ideológicos donde sólo cabe la obsecuencia, donde el Estado paga sueldos a militantes que no gestionan. Mientras tanto familias enteras destruidas, una sociedad hundida en la decadencia moral y con la certeza de vivir en lo cíclico".
"Como argentinos hemos naturalizado que la política sea un espacio de sordos donde no existe el sentido de la realidad. ¿Sabrán los gobernantes el temor y dolor con el que vivimos? ¿Se puede administrar un país si se pierde la sensibilidad social?", dijo la Usina. "Estamos inmersos en la era de la posverdad donde todo se reduce a lo subjetivo, negando lo que es. Lo que es peor: es un nuevo totalitarismo que niega la estadística. En cada negación y en cada sangre derramada, estaremos presentes alzando el imprescindible valor de la justicia".
Según consta en el sitio del INADI, el SPF sufre "falta de elementos de higiene y seguridad" pero a la par "los estigmas que se intensifican gracias a discursos de odio dominantes". El gobierno "pretende dar respuesta de manera coordinada con los distintos actores que intervienen en la problemática" y para ello "testimonios de jueces, fiscales y defensores y de integrantes de organizaciones como la Comisión Provincial por la Memoria que velan por los derechos de las personas en situación de encierro son fundamentales para elaborar un cuadro de situación que permita pensar cómo abordarla", explicaron.
DS
